Bienvenidos a otro emocionante episodio de El mundo al vuelo, en honrosa reminiscencia del difunto Héctor Mora. Esta vez de la mano de varios funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura y, nuevamente pagado por ustedes, queridos lectores.
Este episodio es para Bilbao, la mayor ciudad del País Vasco y de toda la cornisa cantábrica en España. Históricamente, ha sido una urbe portuaria e industrial que se encuentra a unos 15 kilómetros del mar, encajonada entre pequeñas montañas. La ciudad es famosa por su icónico Museo Guggenheim. La preciosa área también es reconocida por su deliciosa cocina vasca, con una variedad de platos tradicionales como los pintxos y el bacalao al pil-pil como nos pueden confirmar los protagonistas de esta columna.
El pasado 26 de abril se llevó a cabo en esa ciudad un evento para la prevención de riesgos laborales, organizado por la fundación internacional Occupational Risk Prevention, ORP. El lema de esa edición fue: At work: one life, one planet lo que traduce en el trabajo: una vida, un planeta. Según la página del evento “El XXIII Congreso Internacional de ORP es sin duda un escenario inmejorable para compartir ideas sobre seguridad y salud en el trabajo”.
Sin duda un tema importante. Pero causa extrañeza o suspicacia, por decir lo menos, que tres funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura hayan tenido la necesidad de asistir a esto. La primera fue la magistrada Diana Alexandra Remolina Botía. La segunda fue la directora ejecutiva de la administración judicial, es decir la que maneja el todo el presupuesto de la rama, la doctora Naslly Raquel Ramos Camacho. Y el tercero, el director de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el señor Nelson Orlando Jiménez Peña.
El equipo investigativo de esta columna logró conseguir las resoluciones que aprobaron los gastos para estos viajes. Al final del artículo segundo de todos los documentos dice lo mismo: “Los gastos de tiquetes aéreos, alojamiento y alimentación, correrán por cuenta de la organización del evento”. Pero, en el inicio del mismo artículo, dice lo interesante: se entregarán, a todos, viáticos por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Así como se oye, los dineros para comprarse unos turrones son pagados por ustedes queridos lectores. Y no poquito. A cada uno de los tres funcionarios de la rama judicial que viajaron a Bilbao les entregaron más de 7 millones de pesos para gastarse en los tres días del evento. Nada mal para mecatearse en cositas.
El funcionario que aprobó esos viáticos y esas generosas sumas de dinero es el señor Aurelio Rodríguez Guzmán, el presidente de la Judicatura que fue conocido gracias a un informe de Noticias Uno que demostró que este pidió viáticos a la rama judicial para asistir a una condecoración en su favor en Bucaramanga. Es que gastar con el dinero que no es de uno, sino de los colombianos, es muy fácil. Cuando la cámara de Noticias Uno lo enfrentó sobre este hecho, mintió y dijo que no era así. Pero el noticiero comprobó con las resoluciones que había solicitado, aprobado y recibido dineros en su propio beneficio, para su propia celebración.
Pero volvamos a Bilbao y la magistrada Remolina Botía. La resolución PCSJSR23-056 del 19 de abril de 2023, firmada por el señor Rodríguez Guzmán, establece que: “La presente comisión de servicios se otorga con derecho a viáticos por los días 24, 25 y 29 (pernoctando) y 30 (sin pernoctar) de abril de 2023, los cuales serán suministrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”. Recordemos un detalle no menor, y es que el Congreso en España se inició el miércoles 26 de abril, y terminó el viernes 28. Lo que quiere decir que la magistrada llegó dos días antes de la conferencia y se quedó el fin de semana después, para poder seguir conociendo el hermoso país vasco. Para eso los viáticos.
Exactamente ocurrió con la doctora Naslly Ramos gracias a la resolución PCSJSR23-057 del mismo día 19 de abril. Todo aprobado por el señor Rodríguez Guzmán. Con una adición, pero ahora en un minutico vamos para allá. Por ahora sigamos en la resolución del señor Nelson Orlando Jiménez Peña, que la firmó, como no, la doctora Naslly Ramos. Entre todos nos autorizamos los viáticos.
La resolución 4491 del 21 de abril de 2023, por la cual se modificó la resolución 4410 de 2023, le concedió al señor Rodríguez Guzmán, comisión de servicios como, director de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para desplazarse a la ciudad de Bilbao hasta el 1 de mayo. Nada mal los 7 milloncitos de pesos para gastarse en boqueroncitos. Nada mal.
Pero volvamos a la doctora Naslly Ramos que la historia se pone mejor. Estando en Bilbao tramitó por medio de un oficio y un correo electrónico otro viaje. Es decir, se bajó del avión procedente de España y se montó en otro que la llevó inmediatamente a la isla de San Andrés. Seguramente para compensar el cambio de hora, el estrés de tanta conexión y los cambios de vuelos, pues nada mejor, que el mar de los siete colores y la suave brisa caribeña de San Andrés para eso.
La resolución PCSJR23-0095, del 26 de abril de este año, mientras estaba en Bilbao, autorizó “comisión de servicios a la doctora Naslly Raquel Ramos Camacho, directora ejecutiva de administración judicial, para desplazarse a la Isla de San Andrés, los días 4, 5 y 6 (pernoctando) y 7 (sin pernoctar) de mayo de 2023, con el fin de asistir a reuniones de trabajo con el director Seccional de Administración Judicial de Cartagena, Oficina de Coordinación y Palacio de Justicia”.
Barajemos eso despacio. La doctora Naslly Ramos en España hace dos semanas en Bilbao en un evento que se terminaba el viernes, pero se quedó hasta el domingo. Y el fin de semana después de eso se fue al hermoso archipiélago de San Andrés, llegando el jueves y, por supuesto, quedándose hasta el domingo, todo para una reunión de trabajo con el director seccional de Cartagena. ¿A ustedes les suena esto igual de raro que a mí? Porque no se le ve la coherencia a hacer una reunión con un funcionario de la seccional Cartagena, en la isla de San Andrés, con quedada hasta el domingo. En especial cuando se puede hacer de manera virtual.
Como se dijo en esta columna hace dos semanas, la austeridad es un mandato legal y ético y para eso es importante tener en cuenta el decreto 444 de 2023, que tiene por objeto establecer el Plan de Austeridad del Gasto que rige para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 2023, como el Consejo Superior de la Judicatura.
Según el artículo sexto de ese decreto, se debe dar prelación a los encuentros virtuales sobre los presenciales. “Las entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos, de manera que estos sean mínimos y plenamente justificados, indicando el rol que se cumplirá y la relación directa con las funciones”.
La doctora Naslly Ramos, la administradora de los recursos de la rama, recibió 2.549.644 pesos por los tres días y medio en San Andrés, incluidos el sábado y domingo, en los que debió recuperarse de la descompensación horaria tras llegar de Bilbao. Es decir que, entre los dos viajes en menos de dos semanas, recibió casi 10 millones de pesos para gastarse en una caña fría en las históricas calles de Bilbao, o en hacerse trencitas en la playa de Johnny Cay en San Andrés.
Pero ahí no terminan los despilfarros del Consejo Superior de la Judicatura. Otra magistrada, la doctora Martha Lucía Olano de Noguera, está en estos momentos explorando Asia en un mágico viaje que incluye una parada en Kuala Lumpur, Malasia, y otra en Yakarta, Indonesia. Se fue el 5 de mayo y regresa el 15 de mayo seguramente con unas fotos y unos recuerdos inolvidables.
Ella fue invitada, en su condición de magistrada coordinadora de los asuntos ambientales del Consejo Superior de la Judicatura, por el programa de prevención y justicia ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La magistrada Olano viajó con la magistrada auxiliar Sandra Marina González Velasco.
La comisión de servicios les otorgó derecho a viáticos, esta vez solo para los días de traslado, viajando el 5 mayo de 2023 y regresando el 15 del mismo mes. Es decir, les dieron viáticos para dos días. A cada una de ellas le correspondió más de tres millones de pesos, o $3.213.291 pesos para ser exactos, que son para comer algo en el aeropuerto porque en este caso los gastos de tiquetes aéreos, alojamiento y alimentación, corrieron por cuenta de la organización del evento. Algo exorbitante los viáticos ¿no?
Recordemos que la magistrada Olano de Noguera es la misma que apareció relacionada a un listado obtenido por esta columna que muestra que, solamente en 2022, en la rama judicial se gastaron más de 11.000 millones de pesos en viáticos de viajes, hoteles, y tiquetes aéreos, únicamente para cursos de formación judicial.
Uno de esos eventos fue el V Conversatorio Internacional y IX Conversatorio Nacional de Calidad Integral y Transformación Digital del Sigcma realizado entre el jueves 17 y viernes 18 de noviembre de 2022 en Santa Marta. Según la magistrada Olano de Noguera, la misma que se encuentra leyendo esta columna desde Kuala Lumpur, los funcionarios participarían virtualmente de este importante encuentro.
Pero la realidad es que para esta reunión en Santa Marta se alquilaron tres hoteles completos, todo por la bobadita de $1.996.202.963, para hospedar a 576 personas, entre ellas a la magistrada Martha Lucía Olano de Noguera. Y eso que era un evento virtual.
Una vergüenza. Principalmente porque para los funcionarios que no son cercanos a la directora ejecutiva de Administración Judicial, Naslly Ramos o el presidente de la Judicatura Aurelio Rodríguez Guzmán, rara vez se les aprueba un presupuesto de viaje y menos viáticos. Son varias las denuncias y quejas que han llegado a esta columna de funcionarios que necesitan desplazarse para poder realizar el objeto de su trabajo como jueces y magistrados, pero que no les son aprobados los viáticos o costos de movilización por razones de austeridad. En cambio, para asistir a viajes suntuosos y seguir conociendo el mundo al vuelo, para eso sí hay dinero.
Para profundizar
Nota. En la columna titulada ‘Mi Buenos Aires querido’ y publicada el pasado 30 de abril, se contó que el 1 de marzo de 2023, la magistrada de la sala de casación civil de la Corte Suprema, Hilda González Neira, su magistrada auxiliar, María Ximena Miranda Quiroga y la magistrada del Consejo de Estado, Ana María Charry Gaitán, recibieron una invitación para el XIX Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del miércoles 19 al viernes 21 de abril. La magistrada Ana María Charry Gaitán me hizo llegar toda la documentación y pruebas para demostrar que ella se pagó de su bolsillo la totalidad de su viaje a Argentina y no recibió viáticos o asignación de presupuesto por parte del Consejo de Estado, al contrario de las magistradas de la Corte Suprema. Le agradezco a la magistrada Charry por hacerme caer en cuenta del error y por el manejo austero de los recursos de la nación. Los otros magistrados y funcionarios de la rama judicial mencionados en esa columna, y en esta, deberían tomar ejemplo de la magistrada Ana María Charry Gaitán y no seguir esperando conocer el mundo a costa de los impuestos de los colombianos.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
