Una primera medida contraproducente sería desactivar la lucha antiinflacionaria del Banco de la República. Los intereses del banco emisor son aún negativos (es decir, son menores a la inflación). Hay que continuar por un tiempo más enfriando la economía. Y esto se logra encareciendo el crédito, que es lo que viene haciendo el banco emisor. Es la principal estrategia que tenemos en pie contra el desbordamiento de los índices de precios. Sería un error mayúsculo desmontar esa estrategia antes de tiempo.
No es muy convincente la descalificación hecha por el presidente de la Andi a la estrategia del emisor. Así lo vienen haciendo por lo demás todos los bancos centrales en el mundo frente a la llamarada de precios que es también universal.
La discusión sobre si la actual inflación es de oferta o de demanda ya está bastante superada: sabemos que es una mezcla de ambos factores. Ha habido shoks de oferta (alza en los precios de la energía, de los fertilizantes, de la comida que importamos, entre otros). Pero hay también factores de demanda que empujan los precios. Para combatir la pandemia se inyectó una gran cantidad de liquidez a la economía, una buena parte a través del canal de la política fiscal, lo que pesa ahora como piedra de molino al cuello a través de una demanda que afecta el comportamiento de los precios. Hay que enfriar la economía en consecuencia. Y eso es lo que buscan las políticas del Banco de la República.
Sería también una equivocación recurrir a un control de cambios como algunos solicitan para intentar frenar artificialmente la cotización del dólar. O a un control indiscriminado de precios por la vía administrativa que a nada bueno conduciría. Sino al mercado negro, a la escasez y a la especulación.
Matamos el tigre de los pasajes aéreos, de los hoteles y de las comidas en los restaurantes subiéndoles el IVA en la última reforma tributaria. Hay que ser consecuentes: no podemos asustarnos ahora con el cuero y echar atrás estas medidas pocas semanas después de haber sido adoptadas. Como lo ha dejado entender el ministro de Transporte, quien dijo que se podría aprovechar la ley del plan de desarrollo para derogar los ajustes al IVA decretados hace pocas semanas. Sería falta de seriedad y mostraría un alto grado de improvisación. Además: que la demanda por hoteles y vuelos se restrinja va en la dirección de moderar la demanda, que es también una táctica antiinflacionaria.
Un grave predicamento que enfrenta el Gobierno es si continuar o no dentro de este clima de alta inflación con la política anunciada de ajustes a los precios de los combustibles. Debe continuarla. Es algo valiente y provechoso a mediano plazo. El déficit del fondo de estabilización de los combustibles, por su monto gigantesco, se ha tornado insoportable para la política fiscal. Continuar con los ajustes requiere coraje político. Pero a mediano plazo será uno de los mejores logros que puede dejar este Gobierno: una estructura de precios de combustibles más realista, menos subsidiada, y menos distorsionante de la política fiscal.
Habrá que mirar en este ambiente inflacionario si se justifica proseguir con la estrategia de subir aranceles como recientemente lo hizo el Gobierno con textiles, confecciones y calzados. Toda alza de aranceles desemboca o en más contrabando o en mayores costos para los consumidores. Y ambas consecuencias son indeseables.
La lucha contra la inflación es de ahora en adelante la primera prioridad de la política económica. Todo lo que implique favorecer y estimular la producción (sobre todo la agrícola) va en la dirección correcta. Pero hay que evitar bandazos e improvisaciones. Todos los pronósticos indican que en el segundo semestre la inflación (cuando salgan las cosechas grandes y se empiecen a percibir los frutos de las medidas adoptadas por el Banco de la República) empezará a ceder. Mientras tanto guardemos la calma. El tigre de la carestía está vivo y hay que cazarlo. Pero con medidas inteligentes.
