El feminicidio de Erika Aponte fue una muestra más de la incapacidad del Estado para proteger a las mujeres, pero también de una sociedad indolente, unos medios de comunicación irresponsables, una clase política mezquina y unas autoridades que, en vez de asumir responsabilidades, se lavan las manos.
Parece increíble que en un país en el que el año pasado se registraron 614 feminicidios, se le siga llamando a este delito “crimen pasional”. Increíble es también que haya personas que digan que el feminicidio no existe –hasta Rodolfo Hernández lo dijo cuando era candidato presidencial– y que el término es un invento de las feministas que odian a los hombres.
El delito de feminicidio existe en el Código Penal colombiano desde el año 2015:
“Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses”. Decir que lo de Erika fue un crimen pasional es seguir perpetuando una narrativa violenta y machista que no reconoce la problemática detrás de violencia basada en género. Lamentablemente el cubrimiento de varios medios fue en ese sentido.
Algunos políticos –atizando la polarización– usaron este feminicidio para sacar provecho de lo sucedido. Sin el más mínimo respeto ni consideración y movidos por el afán de figurar, hablaron de inseguridad, de castigar a los bandidos y hasta criticaron la política de paz total del actual gobierno. Algo que evidentemente nada tenía que ver. Buscaron ser los protagonistas de una tragedia que merecía toda la atención y seriedad de su parte.
Aunque la alcaldesa Claudia López lamentó el feminicidio de Erika, en su reacción hubo una carga revictimizante al decir que “hizo lo correcto a pesar de que lo hizo tarde”. Para una víctima –por diversas circunstancias– no es fácil denunciar a su agresor, más si se trata de alguien con quien tuvo o tiene un vínculo afectivo y emocional. Decir que actuó tarde o que no acudió a la casa refugio, como se lo recomendaron, es desconocer la realidad de la víctima y de cierta forma culparla. Erika había denunciado, tenía medidas de protección, pero nada de eso sirvió.
Ese Día de la Madre, otras dos mujeres fueron víctimas de feminicidio. Las cifras siguen aumentando, mientras tanto, las mujeres seguimos esperando que no pasen más gobiernos sin que se implementen políticas públicas efectivas que realmente logren evitar que esto siga ocurriendo, que los medios le den un tratamiento con enfoque de género a este tipo de sucesos y que los mandatarios y líderes políticos estén a la altura y realmente pongan en el centro se sus agendas la eliminación de la violencia contra la mujer. Seguramente en la campaña electoral que se avecina, esta será la bandera de varios candidatos, ojalá no se quede en promesas de papel.
Adenda: Es urgente que el presidente Gustavo Petro sea responsable con el uso de Twitter y de la información que allí publica. El episodio de la desaparición de los niños en Guaviare debe llevar a la reflexión, a la mesura y a una autocrítica de cómo se está manejando la información.
