La realidad de los contratos
24 Enero 2023

Paola Herrera

La realidad de los contratos

Mucha preocupación sigue causando en los contratistas del Estado el hecho de que este año no tengan una posibilidad de trabajar en las entidades en donde estaban vinculados o que los llamen nuevamente pero solo por cuatro meses.

La confusión aumentó estos últimos días luego de conocerse que a la comunicadora social, periodista e influenciadora, Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, le dieron un contrato de prestación de servicios por 11 meses para asesorar la estrategia de comunicaciones de la entidad Colombia Compra Eficiente.

La inquietud que plantearon quienes publicaron dicho proceso contractual fue justamente esa: ¿Por qué a ella sí la contratan por 11 meses, mientras que a los otros contratistas –los que no son amigos del gobierno de turno– les están haciendo firmar solo hasta abril o mayo de 2023?, ¿se está incumpliendo en ese caso una orden presidencial?, ¿solo por ser activista petrista le están devolviendo un favor?

La respuesta a esas preguntas ya las ha dado de forma muy clara la misma Laura Daniela en un video que publicó para explicar su situación. Según la influenciadora, su contrato es para brindar una asesoría y para diseñar y establecer unos lineamientos en el marco de la estrategia comunicativa de la entidad contratante y esa función no es misional y tampoco la cumple ninguna persona en el interior de la misma.

Además, dijo que los recursos que se usarán para pagar su contrato de este año fueron establecidos en el presupuesto de inversión de Colombia Compra Eficiente, que tiene unas destinaciones específicas que se deben ir ejecutando durante todo el año.

Esta columna consultó al Departamento Administrativo de la Función Pública y a otros expertos en contratación para entender mejor por qué parece verse como una ventaja o un favoritismo este caso de la periodista que, además, ha causado tanta conmoción por el valor, el objeto y el plazo de ejecución.

En primer lugar, hay que recordar que el plan de este Gobierno, desde que inició en agosto de 2022, ha sido formalizar el empleo en el sector público colombiano y acabar con esa desfachatez de los contratos de prestación de servicios, que no son más que una precarización laboral para cerca de un millón de personas que hoy día trabajan bajo esa modalidad.

Para lograrlo, sacaron en diciembre una circular bastante polémica que estableció un periodo de solo cuatro meses para diseñar las nuevas plantas de personal, teniendo en cuenta las funciones de cada entidad. Allí incluyó a los entes territoriales e incluso habló de la posibilidad de ampliar el número de puestos a ofrecer como si hubiera plata para eso.

Pues bien, lo que ya ha explicado Función Pública en medio de esta discusión y de la cantidad de quejas que llegaron por esa nueva norma es que no todos los contratos por prestación de servicios se acabarán en cuatro meses. El objetivo es que solo aquellos que no cumplen con las características de este tipo de procesos son los que deben desaparecer antes del primer semestre del año.

Y, ¿cuáles son los que no cumplen con las características de la prestación de servicios? Sencillo, los contratos que llevan implícito una función misional, una función que diariamente debe adelantar la entidad para cumplir con su objeto o con su razón de ser y que, por ende, es una función permanente.

Por el contrario, los contratos de prestación de servicios que se podrán seguir firmando son los que responden a asesorías especializadas en temas particulares, como proyectos de tecnología, campañas o eventos y únicamente en los casos en los que la entidad no tenga personal de planta que pueda adelantar dichas funciones.

Para que esos contratos no se conviertan en corbatas –el gran problema de la contratación en Colombia y por donde se desangra tanto a la nación– cada una de las entidades cobijadas por la norma deben justificar por qué los firman y a quién se los entregan. Sobre los perfiles de los beneficiados, se debe cumplir con los requisitos que tenga cada oferta y sus honorarios se deben ajustar a las tablas de contratación que tiene el Estado. No puede ser más ni menos.

Una vez firmados esos procesos, que ya quedó claro que sí pueden ser por 11 meses, ni Lalis ni ninguna persona podrá aprovecharse de no tener un vínculo con la entidad para incumplir con las obligaciones del contrato. Eso también debe ser estrictamente vigilado porque ya estamos cansados de esos informes de ejecución gaseosos que todos los meses dicen lo mismo y evidencian que el contratista solo aparece cuando va a pasar la cuenta de cobro.

No obstante, hay que dejar claro que aquellos que podrán seguir hasta diciembre de este año siendo contratistas no están recibiendo ningún beneficio, ni son afortunados por eso. No olvidemos que por prestar un servicio no pagan prestaciones sociales ni cesantías, no hay vacaciones, en muchos casos se debe cumplir con horarios –aunque no haya protección laboral– y lo peor es que cuando se termina el contrato se sale con una mano adelante y otra atrás. Tener un contrato de prestación de servicios definitivamente no es un privilegio.

También es urgente que desde Función Pública se controlen los avances del plan de formalización laboral en las instituciones públicas, porque ir acabando con los contratos de prestación de servicios que no cumplen con las especificaciones ya mencionadas, no significa tener el poder de repartir puestos a diestra y siniestra.

No podemos caer en la creación de plantas temporales para que quienes hoy están al frente de las entidades aprovechen y les den puestos a sus amigos con todas las de ley. No hay que olvidar que la mayoría de las entidades han adelantado concursos a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil y tienen a muchas personas en la lista de elegibles listas para ser nombradas.

Tampoco es justo que quienes llevan muchos años siendo contratistas y tengan buenos resultados sean sacados sin pena ni gloria y sería mucho más grave que se estén cambiando unas corbatas temporales por otras que sí van a gozar de forma permanente de los beneficios de trabajar con el Estado colombiano.

Adenda

A raíz de las denuncias por los recientes contratos otorgados por parte de Colombia Compra Eficiente a diferentes empresas para temas de comunicación, me permito aclarar que mi participación en uno de los podcasts de esa entidad fue netamente periodística.

La empresa encargada de ejecutar ese proyecto, cuyo nombre desconocía hasta ese momento, me hizo una invitación para hablar únicamente de mi investigación en el caso Centros Poblados y si escuchan el producto publicado se darán cuenta de que solo de eso se trató la conversación.

Relaté cómo fue el proceso, lo que encontré y el trabajo periodístico que hice para destapar el escándalo de corrupción más grande del gobierno del presidente Iván Duque

Fue una entrevista, igual que muchas otras que me han hecho sobre el mismo caso en diferentes escenarios como universidades, centros de pensamiento, asociaciones y demás, por la que no recibí un solo peso. En ningún momento se trató de hablar bien o de hacerle publicidad a la agencia contratante y nunca tuve conocimiento de la subcontratación que hubo detrás para realizar ese podcast.

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