El nuevo jefe del DNP le ha dirigido una carta al presidente en la que agradece el nombramiento, hace un diagnóstico muy sesgado de las políticas públicas en administraciones anteriores y se compromete personalmente a “pensar en los más débiles” y, como resultado de esto, a “cerrar brechas con los recursos de la nación y garantizar el acceso al agua, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la paz total, a ambiente sano y sostenible, a la energía, a la conectividad digital en condiciones de dignidad sin excepciones o exclusiones”. Es interesante que describa el camino que se propone seguir, pero ha hecho falta señalar las metas que quiere alcanzar. Es por eso que he analizado en qué estado se encuentran los distintos accesos que él propone garantizar.
Comenzando por el acceso al agua de uso humano, el 69 % de la población tiene acceso a agua calificada como de “manejo seguro”, un 19,2 % tiene acceso limitado y el resto (11,2 %) no tiene acceso a agua mejorada. Hay diferencias significativas entre el campo y las ciudades y entre hogares en los estratos más bajos y los medios o altos.
En cuanto a acceso a alimentos, en el 5 % de los hogares han dejado a uno de sus miembros sin comida durante todo un día en los últimos 12 meses; y en el 28,1 % de los hogares han tenido que recortar el consumo o la calidad de los alimentos por los menos una vez en los últimos 12 meses, por falta de plata en ambos casos. Hay enormes diferencias entre el campo y las ciudades, y entre niveles de ingreso.
Aunque la afiliación al sistema de salud colombiano es de 99,6 % de la población, el acceso a la salud es del 80 %, debido a demoras, deficiencias e inatención del sistema existente, y las personas que viven en poblaciones o barrios apartados y marginales tienen acceso muy limitado al sistema. Buena parte de estas fallas son atribuibles al exceso de demanda que se deriva del derecho fundamental a la salud. El futuro de la salud está ahora en manos del Senado y no hay seguridad de que la reforma que propone el gobierno mejore el acceso o la calidad de la atención, pero sí existe un enorme riesgo de que la administración no esté preparada para poder operarlo, lo que sería catastrófico.
En educación, llama la atención que los resultados de las pruebas PISA para jóvenes de 15 años son muy pobres en Colombia, a pesar de que se gasta una proporción del PIB en educación mayor a la del promedio de la Ocde. Solamente el 29 % de los estudiantes alcanzó al menos el Nivel 2 de desempeño en matemáticas, muy inferior al promedio de los países de la Ocde (69 %), e ínfimo en comparación con Singapur, Macao, Japón, Hong Kong (85%). Las mujeres colombianas tienen un peor desempeño en matemáticas y menor acceso a educación tecnológica o científica.
El 68 % de la energía eléctrica que se genera en Colombia proviene de fuentes renovables, lo que la coloca entre los países mejor situados para una transición energética más limpia y menos costosa. Pero la obsesión de concentrar poder en la presidencia e impedimentos provenientes de políticas del gobierno pueden neutralizar esa ventaja y causar demoras en inversión y posibles apagones.
La paz total está a cargo de otras entidades.
Lo mismo sucede con la protección del medio ambiente que sufre por la minería ilegal, y por falta de capacidad para proteger el bosque, los ríos y los parques naturales.
En cuanto a conectividad digital, las cabeceras y las zonas urbanas tienen cobertura del 70 % o superior, pero las zonas apartadas, pobres y rurales solamente la tienen del 26,8 %.
El énfasis del DNP efectivamente tiene que ser “cerrar las brechas”, y para eso se necesita crecer para cumplir.
