El contralor general de la república encargado, Carlos Mario Zuluaga Pardo, estaba siendo investigado por la Contraloría General de la República. Suena ilógico, pero es cierto. Así lo deja ver un documento borrador de la entidad que revela irregularidades en la ejecución de seis convenios de cooperación internacional de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, cuando Zuluaga era su director adjunto para Colombia.
Vamos por partes, como el contralor despidiendo gente que le puede seguir la pista y enterrando informes que demuestran sus anteriores andanzas.
El 1 de septiembre de 2022, Carlos Hernán Rodríguez Becerra inició su mandato como contralor general de la república para el período que terminaría en 2026. Inmediatamente comenzó con los nombramientos de su personal directivo de confianza y el 19 de septiembre de 2022, puso a Carlos Mario Zuluaga como vicecontralor.
Zuluaga venía de ser el director adjunto para Colombia de la OEI, cargo al que llegó el 7 de febrero de 2019, con el apoyo del Partido Conservador. Hasta aquí vamos bien, pero acá se empieza a poner enredado, entonces pongan atención.
El 15 de junio de 2023, luego de agotar los mecanismos judiciales contra el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección, Rodríguez Becerra expidió la resolución ordinaria 80112-1499-2023, por la cual designó a Carlos Mario Zuluaga como contralor encargado.
Tan solo un mesecito después, el 24 de julio, el contralor encargado pidió la renuncia de siete directivos, entre los cuales se contaba la directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, la doctora Elvia Isabel Otero Ojeda.
¿La razón? Ya vamos para allá. Aunque la resolución ordinaria número 81117-12653-2023 declaró la insubsistencia de su nombramiento y la entidad no dio explicaciones, el 27 de julio, en una posterior entrevista radial de La W con Otero Ojeda, salió un dato interesante a la luz.
La exfuncionaria Otero explicó que desde la oficina de la Diari, venía realizando un trabajo de investigación en el que encontró irregularidades en la ejecución de seis convenios por parte de la OEI entre los años 2020 y 2022. Mire usted la coincidencia, mismos años en los que Zuluaga Pardo era el director adjunto para Colombia de ese organismo multilateral. La cosa pasa de Pardo a oscuro.
Por eso vamos al principio. Los convenios de cooperación que firma la OEI son un mecanismo bajo el cual la organización internacional y una entidad del Estado entregan bienes y servicios para adelantar un proyecto conjunto.
Los convenios de cooperación están sometidos al derecho privado, pero ejecutan recursos públicos. Cuando esos presupuestos se pierden, se asignan mal o se malgastan, en Colombia, es la Contraloría la que tiene que investigar a la entidad local, siempre mirando cuál fue el criterio de asignación para el proyecto. Por eso volvamos a la investigación que estaba haciendo la funcionaria Otero Ojeda.
Es importante aclarar que esta columna obtuvo, de manera confidencial y de una fuente diferente a Otero Ojeda, el documento borrador que se estaba trabajando en la Diari, que involucraba a Zuluaga Pardo. El mismo que este se encargó de enterrar, despidiendo a la persona que lideraba la investigación contra él.
Aunque el documento borrador no lo podemos publicar, por temas de reserva, lo podemos describir. Tiene cinco páginas y enlista seis casos, no organizados cronológicamente, con sus respectivas faltas a la ley. El documento inicia con un punto de contexto que dice: “Entre 2020 y 2022, Carlos Mario Zuluaga utilizó a la OEI como instrumento para burlar controles de ley de contratación pública, mediante la figura de Convenios. Numerosas irregularidades de ejecución de contratación millonaria por parte de la OEI durante este periodo son presentadas”. Contundente.
Más cuando vemos que los seis proyectos suman la bicoca de 228.600 millones de pesos. Como para que se hagan una idea, ese número es superior a tres veces la cifra embolatada y robada en el desfalco de Centros Poblados.
Según el documento, los convenios de cooperación que tienen irregularidades por parte de la OEI fueron celebrados con las siguientes entidades: la Gobernación del Magdalena el 10 de agosto de 2021 por 22.517 millones de pesos. También con la Procuraduría General de la Nación, el 19 de mayo de 2021 por 26.495 millones de pesos. Dos convenios con el Ministerio del Deporte durante el gobierno del presidente Iván Duque, el primero el 2 de mayo de 2019 y el segundo el 5 de septiembre del mismo año, por un total de 86.520 millones de pesos. Un acuerdo adicional con el Fondo Colombia en Paz el 2 de mayo de 2019 por 89.169 millones de pesos y uno más con la Aerocivil del mismo gobierno, el 27 de diciembre de 2021, por 3.900 millones de pesos. Todo mientras el actual contralor encargado estaba al frente del organismo multilateral.
Ahora bien, en esta columna nos vamos a enfocar en solo dos de estos casos. O en tres, ya que dos de estos fueron firmados con la misma entidad.
El primero es el convenio OEI-PGN 140, del 19 de mayo 2021 y como sus siglas lo indican, fue firmado con la Procuraduría General de la Nación. Como ya dijimos, el valor contratado fueron 26.495 millones de pesos, con el objeto de “aunar esfuerzos para contribuir con el desarrollo y fortalecimiento institucional, la socialización y diálogo social en territorio”. Un poco ambiguo.
Según el documento borrador, la Procuraduría aportó recursos para ese convenio por 12.558 millones de pesos y la OEI aportó en formación y capacitación, sin dinero, una parte avaluada en 13.907 millones de pesos. Acá se pone interesante, porque la Contraloría encontró presuntamente que “el convenio se sometió a los reglamentos de OEI para evadir control, a pesar de que la PGN aportaba casi el 50 por ciento de los recursos, lo cual debía ejecutarse bajo los reglamentos de esa entidad”.
Vamos más para atrás para entender el enredo. El 13 abril de 2021, la procuradora Margarita Cabello radicó una solicitud en el Departamento de Planeación Nacional, DNP, entonces dirigido por Luis Alberto Rodríguez, para modificar la destinación de 16.551 millones de pesos que habían sido asignados al presupuesto del Ministerio Público para mejoras en su sede y provenían de recursos de la nación.
Como dijimos, esos dineritos eran para invertir en la “reconstrucción y reforzamiento estructural de la sede principal” de la entidad en Bogotá. Sin embargo, Cabello pidió que le permitieran utilizar los recursos para “mejorar la gestión institucional de la Procuraduría a nivel nacional”, un objetivo tan amplio que es cualquier cosa.
La solicitud recibió visto bueno en tiempo récord, y solo dos días después, se le dio vía libre a la procuradora para que empleara esos recursos en lo que mejor le pareciera. Un mes más tarde, el 19 de mayo de 2021, la Procuraduría firmó el convenio con la OEI.
El primer evento con fondos de este convenio se llevó a cabo el 28 de julio de 2021, cuando Cabello viajó a San Andrés para mirar al proceso de reconstrucción del archipiélago después del huracán Iota. La procuradora también visitó otras lindas regiones con el fin de adelantar diálogos sociales, todo con la misma platica.
Para manejar la operación logística de los ricos viajes de Cabello, a lo largo de los dos años que duró el convenio, la OEI lanzó una licitación en agosto de 2021 por un valor de 5.000 millones de pesos, dinero que salió de los recursos aportados por la PGN. El jugoso contrato se lo ganó en una licitación que pareció asignada a dedo, la firma Du Brands SAS, empresa contratista preferida del gobierno del expresidente Iván Duque. Van apareciendo las llaves.
Como lo mostró la revista CAMBIO en un artículo del 3 de febrero de 2023, este proceso de elección estuvo lleno de polémicas. La firma sacó provecho de un ítem denominado “mejoramiento evento fin de año”, el cual reconocía 15 puntos adicionales al proponente que entregara tres o más regalos, cada uno con un valor mínimo de 500.000 pesos, para la fiesta de fin de año de la OEI. Según los resultados provisionales y definitivos de la licitación, Du Brands obtuvo todos los 15 puntos de ese ítem. Qué maravilla de licitación y regalos. Y de fiesta pagana iberoamericana.
Recordemos que entre 2018 y 2020, Du Brands fue la afortunada compañía encargada de mejorar y posicionar la imagen del entonces presidente Iván Duque a cambio de 8.000 millones de pesos. No era una tarea fácil, por eso el costo. Para ello se distribuyeron los recursos en seis contratos, con cargo al Fondo de Recursos Especiales para la Paz. Ni trizas, ni risas, sino contratistas.
Pero regresemos al convenio con la OEI, ya que los dineros que designó la institución para el convenio provinieron del monto cuyo cambio de destinación fue aprobado por el DNP. Es decir, lo que debía ser ejecutado en el reforzamiento del edificio principal de la PGN, un proyecto que podía ser medido y evaluado en concreto, terminó en manos de una empresa contratista, amiga del gobierno de turno, con el fin de organizar viajes de lujo en unas condiciones que dejan más preguntas que respuestas. Todo gracias al hoy contralor encargado.
Por eso vamos al otro convenio, o dos, que queremos descollar en esta investigación, mencionados en el documento borrador de la entidad que Zuluaga enterró.
El convenio OEI-MinDeporte 351, del 2 de mayo de 2019 fue por 76.000 millones de pesos con el objeto de “fortalecer la transformación social de los individuos a través del deporte y posicionar al país como potencia deportiva”. Algo me dice que eso no pasó.
Para esto el Ministerio del Deporte del gobierno de Iván Duque aportó 37.060 millones de pesos y la OEI hizo aporte operativo, administrativo y jurídico, sin dinero, avaluado en 37.207 millones de pesos. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2019, se firmó un segundo convenio entre las mismas partes, el OEI-MinDeporte 705, por 10.520 millones de pesos adicionales, con el objeto de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos, financieros y jurídicos para el desarrollo de actividades, eventos, planes, programas y proyectos encaminados al posicionamiento del país como potencia deportiva”. Eso tampoco pasó, creo yo.
Para este último convenio, el Ministerio de Deporte aportó 5.250 millones de pesos y la OEI puso apoyo operativo, administrativo y jurídico, sin plata, por el monto restante. Esto era con el objetivo de entregar recursos a la versión XXI de los Juegos Deportivos Nacionales llevados a cabo en diciembre de 2019 en el departamento de Bolívar.
Para ambos contratos, según el reporte de la Contraloría, se encontró un informe de auditoría de incumplimiento de ejecución de los recursos y “un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, puesto que no se evidenció sustento económico del valor invertido, ni tampoco se evidenciaron estudios previos, mostrando que fue evidente la debilidad de planeación de este convenio”.
Tan evidente fue la embolatada de esa platica, que el 25 de julio de 2022, el Ministerio del Deporte demandó los contratos ante la Corte Suprema de Justicia por el incumplimiento por parte de la OEI. Esto, tras dos conciliaciones fallidas entre las dos partes, hechas el 31 de mayo y el 16 de junio de 2022.
Carlos Zuluaga Pardo, en ese entonces director de la OEI, aseguró que no existía incumplimiento, y que la demanda no tenía cabida ya que ellos no eran “sujetos de procesos administrativos sancionatorios por ser un organismo de cooperación internacional”. Es decir, con licencia para quebrantar.
Ahora su estrategia de defensa, como contralor encargado, es asegurarse de no ser sujeto de investigación por parte de la entidad que maneja, sacando al que tenga que despedir y enterrando los informes que tenga que incinerar. Una situación donde el ratón terminó cuidando el queso, y como es costumbre, se lo comió. Es decir, Zuluaga terminó protegiéndose personalmente como contralor de sus presuntas actuaciones irregulares como director de la OEI, manteniendo su licencia para prevaricar.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
