A partir del próximo lunes comienza la cuenta regresiva para el paquete de reformas sociales del presidente Petro. Quedarán 11 semanas de vida para la reforma a la salud y la pensional, que hoy atraviesan un doloroso viacrucis en el Senado. Mientras las discusiones de la laboral ni siquiera arrancan en la Cámara de Representantes. Nunca antes proyectos prioritarios para un gobierno habían padecido tanto. Por cuenta de las fuertes controversias desatadas por estas iniciativas, el gobierno se desintegró con la salida de sus ministros centristas; se desbarató la coalición que en el primer semestre había aprobado una ambiciosa reforma tributaria y la política de paz; desapareció el tímido apoyo inicial de empresarios y gremios al primer presidente de izquierda democrática y reapareció el fantasma de la inestabilidad institucional, reforzado ahora con la improvisada, inviable e inoportuna idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
La incapacidad del gobierno para construir consensos, sumada a la actitud radical de quienes desde el primer día de la presentación de las reformas se opusieron a rajatabla a tocar el sistema de salud, el régimen de pensiones o las normas laborales, nos tienen hoy en un serio problema de gobernabilidad que genera incertidumbre, agravado por la Constituyente que sacó a última hora del cubilete el presidente Petro, con la que propinó desde la propia Casa de Nariño la estocada final a su agenda de reformas. Se pegó un tiro en el pie, al igual que a comienzos de este siglo lo hiciera Pastrana, cuando anunció la convocatoria de un referendo para revocar el Congreso y la “genial” idea de algunos de sus asesores terminó devolviéndose en su contra, cuando el Partido Liberal liderado por Serpa aceptó el reto del referendo revocatorio, con la inclusión de una pregunta adicional sobre la permanencia en el cargo del propio jefe de Estado. O como lo hizo Duque en febrero de 2019, cuando resolvió desconocer la institucionalidad y a la propia Corte Constitucional al abstenerse de firmar la ley estatutaria de la JEP, que ya había sido aprobada en el Congreso y avalada por el Alto Tribunal. Con la idea de la Constituyente desaparece cualquier posibilidad de armar unas mayorías en el Congreso para aprobar la agenda del gobierno. Sino ocurre un giro extraordinario en las próximas semanas, sus iniciativas agonizarán en forma lenta y penosa, frente a un poder legislativo herido y envalentonado.
¿Cómo se llegó a esta situación cuando aún no se cumple ni la primera mitad del mandato de Petro? La excesiva ideologización del gobierno, su inflexibilidad al momento de concertar y una oposición feroz que defiende a ultranza el statu quo, impidieron avanzar en acuerdos que parecían posibles en febrero del año pasado. No era difícil llegar a consensos sobre la base de aceptar que las tres reformas se requerían, constituían un compromiso presidencial y los ciudadanos habían votado por ellas. Lo que no implicaba, como lo pretendieron los sectores radicales del gobierno y del Pacto Histórico, que la victoria de Petro en segunda vuelta con el decisivo apoyo de sectores liberales y moderados, otorgaba al gobierno patente de corso para imponer su única versión de las reformas, sin posibilidad alguna de introducir modificaciones, como siempre sucede en el Congreso.
Los acuerdos eran posibles. En salud se trataba de preservar los avances del sistema, fortalecer la capacidad de control y vigilancia de la Supersalud, reducir el número de EPS sin desaparecerlas, eliminar su función de intermediación financiera y asegurar que una parte importante del presupuesto total del sector se dedicara a la prevención. No era excluyente, además, el propósito de garantizar una mejor salud a la gente que hoy no la tiene en los territorios con el de preservar el papel del sector privado en la prestación del servicio. En el caso de las pensiones, la necesidad de una reforma es aún más evidente cuando uno de cuatro adultos mayores de 65 años no tienen pensión de jubilación que les asegure una vejez digna. Es increíble que no se hayan podido superar las diferencias en cuanto al número de salarios mínimos en el que el cotizante se queda en Colpensiones. Y en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores, representaba un enorme avance el solo hecho de devolverles el pago de horas extras, recargos nocturnos y dominicales que Uribe les había arrebatado hace 20 años. En ninguno de los tres casos se logró avanzar por la incapacidad y la terquedad del gobierno y el ánimo pugnaz de una oposición furiosa, que envalentonada siente que puede propinar duras derrotas a Petro. Esa es la pelea política que veremos en las próximas semanas, mientras los pacientes, los adultos mayores y los trabajadores contemplan impotentes cómo se esfuman las esperanzas de mejorar sus condiciones de vida.
