Weildler Guerra
9 Marzo 2023

Weildler Guerra

¿Qué es lo justo en la transición energética justa?

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En las últimas horas diversos medios de comunicación nacional han puesto su atención en el proceso de transición energética en Colombia. Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, ha advertido a la opinión pública sobre los peligros que se ciernen sobre este proceso en Colombia. Una de esas preocupaciones está ligada a la situación que se presenta en los territorios en donde se adelantan los proyectos de generación eléctrica basada en el viento. En la visión de las empresas, ellas están “siendo afectadas por una serie de situaciones fuera de su control, asociadas a la conflictividad social, temas de seguridad en los territorios y retrasos en la construcción de infraestructura de transporte”.

Lo cierto es que la mayoría de los proyectos de generación con base en energía eólica están fallando en lo social. No muestran un gran apego al cumplimiento de la normatividad nacional y no juegan limpio con los derechos de las comunidades. El 17 de diciembre pasado las comunidades indígenas wayuu entregaron a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, un documento en donde exponen sus experiencias y puntos de vista sobre estos proyectos que dicen enmarcarse en la llamada transición energética justa. Las comunidades indígenas no tienen acceso a los estudios de impacto ambiental de los proyectos que las afectan. Para dar un ejemplo concreto, durante años no me ha sido posible acceder al EIA del parque eólico Carrizal, a cargo de la empresa intermediaria Jemeiwa Kaai SAS. Las empresas no han sido claras en informar que los wayuu perderán el acceso a miles de hectáreas de tierra de pastoreo, recolección de frutos, cacería y cultivos por el emplazamiento de centenares o miles de gigantescos aerogeneradores. ¿Cómo las reemplazaran para subsistir? No se trata de sustituir las obligaciones del Estado como ellas alegan. Se trata de que las empresas corrijan, mitiguen o compensen los enorme impactos ambientales, espaciales, sociales y económicos que sus proyectos generan.

Muchas de ellas no se relacionan directamente con las poblaciones sino a través de intermediarios. El propio Banco Mundial ha considerado que el papel de los llamados “desarrolladores” de proyectos eólicos ha dejado una estela de fracasos y frustraciones en distintos países. Una empresa “desarrolladora” se encarga de obtener la licencia ambiental con los menores beneficios para las comunidades y con una desmesurada utilidad para las empresas extranjeras que son los auténticos propietarios de dichos proyectos. Debido a ello en algunos países les llaman “coyotes” porque se parecen a aquellos traficantes de seres humanos que llevan hasta el río Bravo abandonándolos a su suerte.

Aunque este es un tema crucial para el futuro energético del país, prácticamente la totalidad de los proyectos de generación eólica se desarrollan actualmente en la península de La Guajira. Esta ha sido considerada secularmente como un reservorio vacuo y extractivo de la nación. Los indígenas que la habitan no son considerados como sujetos económicos autónomos sino como receptores pasivos de la caridad empresarial.

El caso colombiano nos muestra que la toma de decisiones en políticas energéticas no se basa en consideraciones éticas o de justicia. Uno de los propósitos de la llamada “transición energética justa” es hacer visible la necesidad de reducir las desigualdades en las distintas sociedades. Esto se logra reconociendo a aquellos grupos humanos que han sido históricamente afectados o ignorados a partir del desarrollo energético, No se trata de pasar simplemente de un extractivismo convencional, basado en las energías fósiles, a un neoextractivismo progresista, fundamentado solamente en la descarbonización.

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