En agosto del año pasado, Corficolombiana y el Grupo Aval llegaron a un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (“DPA” por sus siglas en inglés) con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y firmaron una orden de “Cease and Desist” con la Comisión de Bolsa y Valores (“Securities and Exchange Commission” – SEC) de ese país.
A partir de las declaraciones hechas a los norteamericanos, volvió a explotar el escándalo de Odebrecht en Colombia. No era para menos. Se dieron a conocer nuevos hechos en el caso. Las compañías mencionadas asumieron, entre otras cosas, su responsabilidad por la conducta de uno de sus agentes, el cual pagó coimas a un funcionario público colombiano para obtener la adición de la vía de Ocaña-Gamarra, sin el proceso contractual correspondiente. La persona que recibió los pagos, a quien en ese proceso se le denominó como el oficial colombiano número tres, fue un alto funcionario que estuvo en el gobierno del presidente Santos de 2010 a 2018, según lo confesado ante las autoridades gringas.
De esa manera, el país se enteró de que los hechos de corrupción en el caso de Odebrecht y Corficol no se limitaban a los pagos que se hicieron para la adjudicación del contrato de Ruta del Sol II, por los cuales habían sido condenados tanto el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales y el expresidente de Corficol, José Elías Melo, sino que eran mucho más graves y habían continuado hasta 2015.
La indignación en ciertos sectores fue masiva. Primero, por la forma como se cubrió la noticia en un inicio. Segundo, por los nuevos hechos revelados. Entre otros, antiguos funcionarios del gobierno como la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, señalaron que por la gravedad de los hechos y los perjuicios económicos al país, se podría iniciar un proceso sancionatorio por parte de la Superintendencia de Sociedades, lo que llevaría a la terminación de los contratos en curso de las empresas implicadas con el Estado colombiano. Además, anunció la posibilidad de inhabilitar a dichas empresas para contratar con el Estado de forma permanente. Todo esto, como se declaró en medios en ese momento, se podría lograr de manera ágil y eficaz a partir de los mecanismos de cooperación que tienen ambos países para luchar contra la corrupción.
Muchos de los anuncios eran irrealizables. La inhabilidad permanente de la que hablaba Zamora no aplicaba al caso, como bien lo explicó Juan Pablo Liévano en una columna en su momento; tampoco la terminación de los contratos en curso; y el proceso por soborno trasnacional por parte de la Superintendencia de Sociedades no se podía iniciar pues no estamos ante esa conducta sino frente a un cohecho, pues los pagos no fueron a un funcionario extranjero. Pareciera, por tanto, que lo que se dijo fue más para alentar la indignación popular que para lograr resultados efectivos que nos llevaran a conocer a fondo la verdad del caso y evitar la impunidad.
Como suele pasar en muchas ocasiones, hubo mucho bombo y platillo al principio, al igual que bastantes promesas, pero muy pocos resultados. Ya van casi siete meses desde que se publicó lo consignado en los acuerdos en Estados Unidos (¡y siete años desde que ocurrieron los hechos!) y seguimos sin saber el nombre del funcionario número tres que recibió los pagos para que se hiciera la adición del contrato. Todavía quedan muchas dudas sobre el caso sin resolver, los procesos en la Fiscalía parecen no avanzar y el caso sigue bloqueado. Por su parte, la indignación de la opinión pública cesó después de un par de meses y el asunto pasó al olvido.
El país merece saber quiénes fueron los responsables de esas conductas y que esos hechos no queden en la impunidad. Que no se nos olvide que los extra costos que genera cualquier acto de corrupción los tenemos que pagar entre todos. Ya es hora de que las distintas autoridades encargadas de investigar este sofisticado entramado de corrupción empiecen a mostrar y darnos resultados.
