Más allá de las valiosas propuestas que desde su conocimiento de la justicia tienen para la Fiscalía General de la Nación las tres candidatas a dirigir el organismo de investigación -Angela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez-, uno de los mayores retos para la que sea elegida por la Corte Suprema de Justicia -quizás hoy- será recuperar la confianza de los ciudadanos en la institución.
Y esto pasa necesariamente por despolitizar la Fiscalía, que bajo la dirección de Francisco Barbosa se pareció más a un organismo de oposición política al Gobierno, que a uno de investigación para ofrecer justicia a las víctimas de los 2,8 millones de casos que tiene por resolver.
Como ya había mencionado en otra columna, la Fiscalía llegó a su mayor porcentaje de opinión desfavorable entre los colombianos -desde que Invamer mide la imagen de las instituciones- en agosto del 2021, cuando la desfavorabilidad de la institución, en ese entonces a cargo de Barbosa, fue del 72 por ciento.
Por supuesto, así como la Fiscalía no fue diseñada para ser un organismo de oposición al gobierno de turno, tampoco fue creada para ser una institución que persigue a los opositores de quien dirige al país, como ocurre en Nicaragua o Venezuela.
En todo caso, es muy diciente de la crisis de credibilidad que tiene la Fiscalía el hecho de que hace más de siete años el porcentaje de opinión desfavorable sobre este organismo de investigación supera al favorable, en las encuestas de Invamer.
Esos datos coinciden con las gestiones de Néstor Humberto Martínez (del primero de agosto de 2016 hasta el 15 de mayo del 2019, cuando renunció) y de Francisco Barbosa (del 13 de febrero de 2020 hasta el 12 de febrero de 2024).
La interinidad entre uno y otro fue de un poco más de ocho meses, durante los cuales estuvo como fiscal general encargado Fabio Espitia.
Por eso, si bien es necesario reorganizar internamente la Fiscalía, depurarla de la corrupción, reforzar su presencia y fortalecer sus tareas en todos los municipios del país -hoy solo está en 423 de los 1.103 municipios-, medir sus resultados por las sentencias y no por las imputaciones -todas propuestas de las candidatas a la Fiscalía-, es urgente devolverles a los ciudadanos que han padecido distintos tipos de violencia y criminalidad la confianza en esa institución.
¿Cómo puede tener éxito un organismo de investigación si quienes denuncian los crímenes desconfían de la imparcialidad y eficacia de sus funcionarios, empezando por la cabeza de la Fiscalía?
Curiosamente, la meta de la entidad para este 2024 es ser reconocida “como una organización confiable, transparente y eficiente”, justo lo que no ocurre hoy en día.
Aunque parezca obvio, es importante recordar que la función primordial de la Fiscalía General es investigar e imputar penalmente a los responsables de los delitos que se cometan en Colombia, con el fin de procurar justicia. Pero según los resultados de las encuestas, la mayoría no percibe que el organismo esté cumpliendo sus objetivos.
El riesgo de la falta de credibilidad de una institución como la Fiscalía es que aumente el número de colombianos que optan por no denunciar los delitos de los que son víctimas y que tiendan a querer hacer justicia por su propia mano.
Por eso es tan importante que la próxima fiscal general de la nación establezca como una de sus prioridades retomar los objetivos esenciales del organismo y erradicar la politización que tanto daño le hizo en los últimos años.
Nota al margen: Habría sido muy digno de parte de la hoy fiscal general encargada, Martha Mancera, dar un paso al costado cuando comenzó la polémica por su permanencia en la Fiscalía mientras se resolvía la elección de la nueva cabeza de esa institución. Se habría evitado la controversia en la que quedó envuelta y habría contribuido a disminuir la polarización que ha provocado la elección en la Corte Suprema.
