El Tiempo publicó el domingo pasado un artículo con entrevista a Germán Velázquez, quien fue candidato para la dirección del Invima. Él conoce sistemas de salud en distintos continentes y es admirador del modelo de salud de países europeos que es público y no está exento de problemas como los largos períodos de espera y la insuficiencia de fondos atribuibles a las mismas causas que generan las demoras en atención de las EPS y su desfinanciación.
Él sostiene que la Ley 100 fue un modelo “teórico” de cooperación público-privada que tal vez podría funcionar en un país con alta capacidad de regulación y de control, pero no en Colombia. No reconoce que esto también es aplicable a los sistemas públicos de salud, y muy especialmente al previsto en la reforma del gobierno cuya complejidad supera ampliamente la del sistema que se quiere reemplazar.
Thierry Ways, en su columna semanal en ese diario, prevé que la propuesta oficial va a ser archivada y que si esto ocurre, el deber de los que no estamos de acuerdo con ella no es dejar que se derrumbe el sistema, como parece que desea el presidente. Tenemos la obligación de reconocer que hay un problema y debemos someter a discusión otra reforma que solucione las fallas y deficiencias que tiene el sistema actual.
Esto no se resuelve poniendo y quitando articulitos. Si se quiere pasar a un sistema preponderantemente público, no solamente se necesitan mayorías en el Congreso para poder hacerlo bien, sino un consenso nacional incluyente: Esto es lo que Petro no ha entendido y es la causa de las dificultades que enfrenta.
Los componentes conceptuales de una propuesta sustitutiva serían los siguientes: en primer lugar, el riesgo que se deriva de la obligación de garantizar el derecho fundamental a la salud es monumental y no debe ser asumido por particulares. Lo tiene que hacer el Estado que es el garante de última instancia hasta donde se lo permiten sus limitaciones financieras. En la actualidad responde parcialmente, pero no en forma trasparente o confiable.
También sería indispensable, como lo anota Velásquez, que se cuente con un mecanismo institucional de transición del modelo de la Ley 100 a uno público o mixto exitoso. En esta transición, que puede tomar años, el papel que podrían desempeñar las EPS es clave. Podrían seguir atendiendo a los afiliados utilizando su red existente, y gestionar los tratamientos e intervenciones necesarias que se llevan a cabo en las IPS, a las que seguirían auditando, pero no pagando.
También, como agentes privados del gobierno, posiblemente serían las más calificadas para extender y organizar las redes de captación y atención primaria de pacientes en las zonas en las que opera mal el sistema o no está presente porque no cubre costos. Podrían establecer los puntos de atención primaria con plata del gobierno, utilizando el conocimiento que ya tienen. Se evitaría la incertidumbre derivada de que dichos centros sean manejados por funcionarios municipales bisoños.
Es muy urgente que se aclaren y se acepten las cuentas del sistema actual puesto que la situación ruinosa en la que se encuentran las EPS y las IPS posiblemente ha sido inducida no solamente por la corrupción sino por no entender que el Estado es el asegurador de última instancia del sistema y que por no haber gestionado oportunamente los recursos se ha causado un caos financiero con las instituciones de salud al borde del colapso. Arreglar esto en el período de transición va a provocar una crisis fiscal que se tendrá que enfrentar.
