La hemodiálisis es un procedimiento vital para aquellos que luchan contra la insuficiencia renal. Representa una tabla de salvación para muchos, pero también implica un viaje plagado de riesgos y complejidades. Los pacientes deben enfrentarse periódicamente a una serie de desafíos físicos y emocionales que requieren valor y entereza.
La presión arterial baja, los calambres musculares y la picazón en la piel son algunas de las dificultades que pueden surgir durante o después de una sesión de hemodiálisis. Estos síntomas, aunque comunes, pueden ser difíciles de manejar y suelen afectar la calidad de vida de quienes dependen de este tratamiento para sobrevivir. Además de estos desafíos físicos, la hemodiálisis también puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional de los pacientes. La depresión y la ansiedad son compañeras frecuentes en este viaje.
La hemodiálisis es un tratamiento costoso; una unidad renal puede cobrar entre 2.300.000 y 3.500.000 millones mensuales por paciente. En ciudades pequeñas, donde hay un solo operador, las tarifas pueden llegar a 6.000.000. El tratamiento de la enfermedad renal crónica consume cerca del 48 por ciento de los recursos destinados en el país para atender enfermedades de alto costo. Tratar pacientes con enfermedad renal crónica también deja espectaculares dividendos a los operadores, más aún si reciben un trato preferencial por parte de actores estatales.
El pasado 23 de junio, la Superintendencia de Salud intervino a Savia Salud EPS, empresa que tiene a sus afiliados en Antioquia. Esta EPS cuenta con 1.300 pacientes con enfermedad renal crónica, cuyo tratamiento asciende a los 3.800.000.000 de pesos mensuales. Por más de 20 años, Savia Salud había realizado convocatorias públicas para elegir a los operadores de unidades renales que atendían a sus pacientes. Curiosamente, con la intervención hecha por el actual gobierno, dicha práctica fue engavetada. A partir de la semana entrante, un solo operador se encargará de la atención de todos esos pacientes de alto riesgo. Muchos de ellos se encuentran inquietos, estaban a gusto y se sentían seguros y bien tratados en las unidades renales donde eran atendidos; incluso, algunos de ellos habían instalado sus domicilios cerca de dichas unidades.
El beneficiado con la decisión es una sociedad llamada Nefrouros, constituida en 2006 en Neiva y que desde entonces ha tenido un espectacular crecimiento. Dicho auge estuvo ligado a Comfamiliar, entidad mencionada en varios casos de corrupción y en la que algunos de sus directivos resultaron judicializados. Nefrouros ha adquirido clínicas renales en Barrancabermeja, Yopal, Armenia y también lo hizo con un hospital en Montería y Armenia. A Nefrouros le ha ido bien con las intervenciones estatales; en Comfamiliar Huila, fue uno de los pocos proveedores a los que les pagaron las multimillonarias deudas. Antes de las liquidaciones de Medimás y Asmet Salud, también lograron recoger las millonarias carteras.
Esta columna entrevistó a varios de los pacientes que ahora tendrán un nuevo prestador en Medellín; dos de ellos aseguraron que agentes de Nefrouros les ofrecieron bonos de 200.000 pesos mensuales. Hay quienes piensan que esto podría tratarse de un caso de competencia desleal.
Esta decisión inicial de suprimir las convocatorias públicas a cambio de concentrar el servicio en un solo prestador, no permite un buen augurio. No sería la primera vez que una intervención estatal, en vez de aclarar las cosas, termine oscureciéndolas aún más.
