La Constitución del 91 está demostrando que quedó bien hecha. Y es que está cumpliendo con uno de los principales propósitos que tiene una constitución en una democracia liberal: ser una piedra en el zapato para los poderes del Estado. En especial para esas figuras que más poder concentran. En un sistema presidencialista, como lo es el colombiano, la rama que mayor poder tiene es la ejecutiva, es decir, la que encabeza el presidente. Por tanto, que Petro no pueda hacer lo que quiera, como él quiera y de la forma que él quiera, porque el diseño institucional determinado en la constitución no se lo está permitiendo, solo habla bien de la manera como se limitó el poder en nuestra carta política.
Nuestra constitución está mostrando que, a diferencia de países como El Salvador o Venezuela, en donde las normas e instituciones se han manoseado y adecuado a los intereses de lideres momentáneamente populares, las reformas que el presidente de Colombia quiera implementar requieren pasar por un proceso determinado, llegar a consensos y superar ciertas mayorías. Adicionalmente, demuestra que hay una real restricción al poder, independientemente de qué tan popular sea quien lo ostenta. Eso no es bueno, es excelente. Permite que tengamos una democracia sana. Así mismo, a partir del debate y de la deliberación, y no aprobando todo a pupitrazo y de forma pasional, es como se llega a las mejores políticas y resultados.
La Constitución, aunque bien diseñada, no es perfecta. Hay muchas cosas por corregir. El papelón en la elección de la nueva fiscal mostró la necesidad de cambiar la forma como se escoge a la cabeza de la Fiscalía. Es difícil que la ciudadanía tenga confianza en la persona que esté en ese cargo mientras quien la nomine sea el presidente. La única forma de despolitizar a la Fiscalía, y aumentar su legitimidad, es modificando ese proceso de elección. Además, se debe revisar el sistema de juzgamiento de los aforados, pues los niveles de impunidad en esa materia son preocupantes. También es importante replantear la existencia de la Procuraduría. Como varios analistas lo han mostrado, las funciones de esta entidad parecen estar duplicadas o pueden ser asumidas por otras entidades, por lo que es importante debatir sobre su necesidad. Todos estos temas, y otros que no nombro por espacio, son aspectos puntuales que se pueden lograr a través de reformas constitucionales y no de una sustitución absoluta y estructural de la carta actual.
La implementación de la constitución actual, de igual forma, puede mejorar. Sin duda, muchas de las promesas constitucionales del 91 siguen aún sin cumplirse. Y muy probablemente será muy difícil que algunas de estas se materialicen del todo. Pero no por eso nuestra constitución dejó de servir. Las constituciones, en últimas, son documentos que contienen una hoja de ruta y ciertas aspiraciones. Al ser solo un instrumento, y no una varita mágica que transforma la sociedad instantáneamente como muchos han tendido a creer, los anhelos constitucionales se materializan progresivamente y a partir de buenos liderazgos. Pensar que por sustituir la constitución vamos a cambiar radicalmente la realidad social es ingenuo y crea falsas expectativas en ciertos sectores sociales. Por eso, en vez de tratar de cambiarla, deberíamos estar pensando en cómo mejorar, mediante la ejecución, su cumplimiento y materialización.
Proponer una Asamblea Nacional Constituyente, por lo anterior y por la dificultad de que esta ocurra, fue absolutamente desatinado. Al presidente se le fueron las luces con la propuesta. También a la presidencia al tratar de corregir ese error engañando de manera grotesca a los ciudadanos, al decirnos que una constituyente no es eso sino la materialización de los derechos que están en la constitución. Esa afirmación es o tremendamente ignorante o sumamente deshonesta. ¡No sé qué es peor!
Ya es hora de que Petro deje de culpar al resto (ahora a la constitución), asuma su responsabilidad política, tome las riendas de este país, escuche a sus contradictores, dialogue, le baje a la estigmatización y llegue a consensos frente a sus reformas. Todo dentro del marco constitucional actual. Sustituirlo, no solo es un error, sino que no es una opción. Menos cuando llevamos más de 30 años viendo cómo este documento ha logrado proteger a ciertas minorías frente a los abusos de las mayorías, y ha limitado tanto a una derecha sumamente popular como a una izquierda a la que muy poco le gusta concertar.
