El ministro de Hacienda reiteró en el foro de la revista CAMBIO que en el próximo semestre se presentará una nueva reforma tributaria. Es un anuncio curioso que amerita algunos comentarios.
El próximo semestre estará copado con las reformas sociales que con fórceps y mermelada intenta sacar a toda costa el Gobierno en el Congreso. No se entiende cómo ni por qué se va a congestionar aún más la ya saturada agenda legislativa con una nueva reforma tributaria.
A no ser, claro está, que se vaya a implementar la amenaza que ya deslizó el presidente Petro de que si el Congreso no se apresura a aprobarle las reformas tal como han sido presentadas, las sacará por decreto.
Los perfiles de la reforma tributaria que se bosqueja para el próximo semestre ya han sido dibujados por el Gobierno: se trataría de bajar la tarifa del impuesto de renta corporativo que hoy es del 35 por ciento al 30 por ciento, y subirla a título compensatorio a las personas naturales que ganen más de 10 SMM.
Se trataría entonces de montar una especie de contrarreforma a la que no hace más de un semestre lideró el entonces ministro de Hacienda de este gobierno, José Antonio Ocampo. Aquella reforma fue en la dirección contraria de lo que ahora se quiere modificar.
El argumento de que en la Ocde las personas naturales pagan más tributos y las corporaciones menos puede resultar especioso si se transporta para el caso colombiano sin beneficio de inventario: en primer lugar, pagan más impuestos porque hay menos informalidad y la base de contribuyentes personas naturales sobre las que recaen los impuestos directos allá es en consecuencia mayor que acá.
Y, en segundo lugar, porque el estado de bienestar vigente en los países europeos –que son la mayoría de los miembros de la Ocde- cubre a las personas naturales con un manto de subsidios y protecciones sociales mucho más amplio que en Colombia, con lo cual las personas naturales pueden asumir una carga tributaria mucho más severa de la que se aplica en países pobres como nosotros.
En esto de las comparaciones con la Ocde como si fuera la verdad revelada de lo que hay que hacer en asuntos fiscales debe tenerse mucho cuidado.
Evidentemente tenemos una tributación alta para las personas jurídicas. Pero la carga tributaria de las personas naturales también ha venido subiendo. Baste recordar que el impuesto sobre los dividendos y el del patrimonio que ahora se transformó en tributo permanente -y que no se cobra a las personas jurídicas- también se incrementaron con la reforma tributaria anterior.
La razón que esgrime el Gobierno es que en la práctica se está presentando una costumbre malsana en virtud de la cual las personas jurídicas terminan asumiendo gastos y activos que en realidad pertenecen es a los socios que son sus dueños. Esto puede ser cierto. Pero no es asunto para resolver con una nueva reforma tributaria. Es un tema que corresponde a la Dian y a un mejor control administrativo que no debe enredarse en las complejas redes de una nueva reforma tributaria. Si hay elusión porque, por ejemplo, una persona jurídica pague los costos del club de los accionistas dueños de ella, no es en verdad asunto que corresponda resolver a través de una aparatosa reforma tributaria.
Si de nuevas reformas tributarias se trata, más le valdría al Gobierno sacar de los anaqueles del olvido donde duermen el sueño de los justos las recomendaciones que rindió la comisión de expertos que fue convocada hace más de un año para formular ideas sobre cómo modernizar los tributos de las entidades territoriales y adecuarlos a los tiempos modernos.
El Gobierno había anunciado que llevaría estas recomendaciones a consideración del Congreso. No lo ha hecho. El malestar que está surgiendo en todas las regiones con el excesivo centralismo del que hace gala el Gobierno Petro indica que esta es una reforma mucho más apremiante que la de desmontar la reforma que aprobamos no hace más de seis meses.
