Vicky Benedetti era el nombre de mi tía favorita. Murió de cáncer demasiado temprano. Vicky también fue la gestora cultural favorita de muchos jóvenes colombianos. Gracias a ella, y a su trabajo dedicado, perseverante y juicioso en el Ministerio de Cultura, donde fue contratista por más de veinte años, artistas de todos los rincones de Colombia lograron el reconocimiento nacional y el apoyo que siempre soñaron. Orgullosamente cartagenera, transitó este plano mortal siempre consciente de su impermanencia. Fue una mujer feliz, generosa y descomplicada, que amó siempre su trabajo, a pesar de que batalló hasta el último día de su vida contra el peso de la incertidumbre y la inestabilidad. Todo por haberle entregado su vida al sector público sin tener nunca un contrato laboral.
Esta columna es para todos y todas las vickys, que como ella trabajan con el Estado hace años cumpliendo funciones misionales, levantando con su esfuerzo el sector público, sin mucho a cambio y con la eterna preocupación, todos los diciembres, de que su contrato que ya se venció no sea renovado. Las y los vickys no pueden seguir siendo vistos como números más dentro de una cifra global. Son seres humanos que sufren las consecuencias de la inestabilidad laboral, de no tener vacaciones pagas, ni primas, ni cesantías, y que además se quedan sin trabajo mínimo dos meses al año mientras les renuevan el contrato, justo cuando tienen que comprar regalos de navidad y pagar útiles escolares.
Según una investigación de La Silla Vacía, el Estado firma anualmente 911.000 contratos de prestación de servicios, mientras hay 611.000 empleados públicos. 911.000 vickys que tienen que escuchar con rabia cuando nuestros economistas y técnicos, que hoy en día son más opinadores sobre todos los problemas del país, los reducen convenientemente a cifras y costos. Seguramente me regañarán a mí también. Me dirán que la propuesta del gobierno de formalizar la mayoría de los contratos de prestación de servicios del sector público es imposible y populista, que además podría dejar a muchos contratistas sin trabajo y producir una parálisis en el funcionamiento del Estado. Y seguramente tienen razón. Ante las matemáticas, los derechos parecen haber perdido la batalla.
Pero por Vicky me parece importante insistir en que tiene que haber una manera. Debe existir una forma de sentarnos a dialogar y a encontrar soluciones. El Estado no puede seguir siendo una de las fuentes más grandes de inestabilidad laboral. No podemos seguir tolerando que sea el sector público el que vulnere derechos y fomente la ilegalidad. Porque lo cierto es que la mayoría de los contratistas del Estado son trabajadores subordinados, que reciben órdenes e instrucciones y cumplen con horarios. Son trabajadores que, como Vicky, tienen un contrato realidad protegido por la legislación laboral que por cuestiones económicas hemos decidido ignorar.
Entiendo que la meta del gobierno de regularizar en cuatro años, volviendo funcionarios públicos, al 76 por ciento de los contratistas del Estado es casi imposible de lograr, pero tampoco es justo que se siga cómodamente instrumentalizando a los individuos cuando el cumplimiento de sus derechos debería ser el único fin de cualquier Estado. La estabilidad macroeconómica es solo un medio para la dignidad. Eso no se nos puede olvidar.
El día que Vicky se enteró a finales de noviembre que tenía cáncer siguió trabajando y entregando informes, pues su contrato no cubría su incapacidad. Cuando los doctores le avisaron a finales de enero que se iba a morir, lo primero que le dijo a mi mamá fue que no le contara a nadie porque aún no le habían renovado el contrato. Se murió un 27 de febrero con la misma preocupación de siempre: ya se me acabó la plata ¿cuándo voy a firmar?
Estoy segura de que, en el Ministerio de Cultura, su casa por tantos años, aún se escuchan los infinitos “ajás” en su voz ronca con los que introducía todas sus frases. A ella la recordamos en cada cuadro de un artista colombiano, en la sonrisa de su nieto Valentín y en las olas del mar de Bocagrande.
Más vale que entre todos encontremos una solución. Es cierto que el gobierno miente al asegurar que crear plantas temporales no le costaría más al Estado. Comenzar el debate de manera deshonesta es un gran error. Las prestaciones sociales, así como el cumplimiento de la mayoría de los derechos, cuestan; pero por mi tía Vicky, y todas y todos los vickys, hoy les pido que eso no siga siendo una excusa para que el sector público les siga negando un mínimo de estabilidad.
