La noticia de que en Colombia se encuentran seis de las cincuenta ciudades más violentas del mundo fue sospechosamente celebrada por el presidente Gustavo Petro en Twitter. Según el mandatario, el hecho de que haya habido una leve reducción en los homicidios en Cali y Buenaventura, que bajaron en el vergonzante escalafón, es motivo para celebrar. Sin embargo, convenientemente, se le olvidó mencionar que ahora se estrenaron en la lista dos ciudades que antes no estaban y que son neurálgicas para volver a Colombia un verdadero destino turístico: Cartagena y Santa Marta.
Este ranking lo realiza anualmente el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, y debería ser alarmante que haya más ciudades colombianas este año, en comparación con la clasificación de 2021, para un país que hace poco firmó la paz con una de las guerrillas más antiguas del continente y que ahora se declara una potencia para la vida. Y aunque es verdad que lo anterior no es culpa del nuevo Gobierno, lo preocupante es que la estrategia en materia de seguridad urbana poco ha cambiado, y todo parece indicar que poco cambiará.
Lo cierto es que ningún Gobierno reciente, incluyendo el actual, parece haber entendido las nuevas dinámicas de la inseguridad nacional. El país y sus instituciones, al margen de quien las lidere, parecen haberse acostumbrado a combatir un conflicto armado interno contra unas guerrillas escondidas en montañas, selvas y bosques que eran necesarias atacar con bombardeos, fuerzas especiales del Ejército y Black Hawks.
Una estrategia anacrónica para volver a la Colombia de hoy más segura.
Grupos Armados Organizados, GAO, y Grupos Delictivos de mediano nivel, GDO, ejerciendo el actual nivel de control y soberanía en las principales ciudades del país, y enfrentándose despiadadamente entre sí, es un fenómeno relativamente nuevo que amerita una respuesta del Estado distinta. La amenaza principal para la paz, la vida y la convivencia de los colombianos ya no se viste de camuflado y acampa en el monte. Ahora patrulla enmascarada de civil las ciudades, sin ideología, uniforme o insignias que la identifiquen y logra controlar gran parte de la población, custodiada y protegida siempre por un verdadero ejército de jóvenes sin futuro.
Mientras tanto, el discurso de la paz total parece estar tomándose la agenda. Y aunque sí sería un alivio importante para las comunidades del país un proceso de paz exitoso con el ELN, las disidencias de las Farc y el sometimiento del Clan del Golfo, la seguridad de las grandes ciudades, que aportan más de la mitad de los homicidios del país, es casi invisible en los discursos, en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto nacional del Gobierno del presidente Petro.
Si bien es muy valiosa e importante la verdadera voluntad de este Gobierno de querer solucionar los problemas estructurales que fueron la semilla del conflicto armado del país, y que son además una deuda histórica, como los problemas del agro y la tierra en Colombia, los altísimos índices de inseguridad actual no solo responden a estas causas. La mayoría de las ciudades del país no pueden seguir siendo semilleros de violencia. Los niños y jóvenes que crecen en los barrios marginados de las grandes urbes necesitan educación y ofertas culturales, deportivas y sociales de calidad que los aíslen del camino del crimen y la delincuencia.
Además, hace pocos días el presidente mencionó que tal vez no quede suficiente oxígeno en el Congreso para adelantar la tan prometida reforma a la Policía, lo cual indica que ya no es una prioridad para su Gobierno.
Sin embargo, una reforma a la Policía es urgente. Como lo mencioné en una columna pasada, la necesidad de tener una policía desmilitarizada, de carácter verdaderamente civil, siendo cercana y no antagónica de la ciudadanía, es lo único que le permitiría a la institución recuperar la confianza de sus ciudadanos y así poder obtener la inteligencia necesaria para pacificar las ciudades y los municipios. De lo contrario, tanto los GAO como los GDO seguirán expandiendo sus rentas ilícitas y su control sobre la población. Cabe recordar que en muchas zonas de las ciudades más importantes del país ya controlan las horas de apertura y cierre de los establecimientos comerciales, el tránsito de personas de unos barrios a otros, e incluso, ante la ausencia de estrategias de seguridad ciudadana, cobran extorsión a cambio de prestar seguridad contra hurtos y otros delitos comunes.
Los problemas son muchos. Tanto en Cartagena como en Santa Marta, por ejemplo, hacen presencia actores criminales de gran envergadura como el Clan del Golfo, que se disputa las rentas ilícitas, como el microtráfico, la extorsión, la trata de personas, entre otras, con grupos delictivos de menor nivel como Los Robledos y Los Pachenca. Lo anterior indica que, en el eventual caso de un sometimiento del Clan del Golfo, otras bandas delincuenciales asumirían el control de Cartagena y de Santa Marta, lo cual en la práctica significa que no mucho cambiaría para los habitantes de estas ciudades.
A esto hay que sumarle que en el país no existe realmente un sistema de gobernanza de la seguridad. La cooperación entre alcaldes, gobernadores y Gobierno nacional es muy reducida por lo que muchas veces las responsabilidades sobre los problemas de seguridad ciudadana quedan diseminadas y finalmente nadie se hace cargo. Por ejemplo, al estar clasificado el Clan del Golfo como un GAO por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, las operaciones contra este suelen coordinarse desde el nivel central (es decir, desde el Gobierno nacional) y estar lideradas por el Ejército, mientras las operaciones contra los GDO suelen coordinarse desde el nivel local y estar lideradas por la Policía. Sin comunicación y coordinación es poco probable que un problema integral pueda ser solucionado con estrategias fragmentadas.
Si la seguridad urbana del país no se convierte en una prioridad, las ciudades colombianas terminarán muy pronto desbancando a las siete mexicanas que hoy lideran el mencionado y triste ranking que motivó esta columna.
Más vale que el Gobierno de Gustavo Petro, que verdadera y genuinamente quiere pacificar el país y honrar la vida de todas y todos, entienda que la Colombia de hoy no es la misma que la de ayer. Y que, aunque hay muchos problemas que arrastramos del pasado que debemos urgentemente solucionar, hay otros nuevos, que tampoco dan espera.
