Finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- realizó, los pasados 17 y 18 de enero 2023, la audiencia que le daba la oportunidad a Jesús Armando Arias Cabrales de aportar nuevos elementos a lo sucedido en el ataque al Palacio de Justicia hace 37 años, explicar qué hicieron, él o los hombres que comandó, con las personas que salieron vivas del edificio y fueron desaparecidas y que revelara el nombre de otros autores de los horrendos crímenes cometidos por la fuerza pública.
Todos estos detalles de la operación militar del 6 y 7 de noviembre de 1985 permanecen aún secretos gracias a un sistema estatal putrefacto que los ha mantenido bien guardados y ha dado la espalda a las víctimas, sobre todo, aquellas violentadas por agentes del Estado.
El octogenario general (r) no se pudo esconder esta vez detrás de sus armas y su uniforme, sino que la audiencia, supuestamente preconcebida para ser un escenario para la paz y verdad, se convirtió en un espacio en el que demostró con maestría cómo estos militares desarrollados en criminales de guerra son también entrenados para el cinismo y la negación. Su conciencia se mantuvo intacta mientras se defendía de sus actuaciones.
Y es que acorde a lo que plantea María Emma Wills en su libro Memorias para la paz o memorias para la guerra y que comenté ya en una columna anterior, en 2018 el Comando General de las Fuerzas Militares expidió el “Plan narrativa marco del conflicto armado colombiano” con unos lineamentos en memoria histórica, es decir, un libreto uniforme para presentar. Este plan contiene unas “líneas de contraargumentación” para ser expuestas por sus integrantes en procesos de “contribuciones a la Comisión de la Verdad y a la Justicia Especial para la Paz.
Pero el militar no se limitó al libreto, sino que el cinismo le alcanzó para incluso llegar a mencionar lo lamentable que consideraba no haber conocido en persona al magistrado Uran, quien fue torturado, desaparecido y ejecutado por sus hombres, se presentó además como víctima y comentó sobre las altas condecoraciones que recibió inmediatamente después de los actos criminales sucedidos alrededor de la sangrienta operación que él comandó en el ataque del Palacio de Justicia.
Para profundizar
Porque como lo afirma María Emma Wills: “El fin último de los ejercicios que las FFMM y la Policía impulsan no es ante todo reparar a sus víctimas dejando que ellas encuentren su propia voz y recuerdos, ni esclarecer lo acontecido, sino por, sobre todo, mantener la legitimidad institucional. Esto supone que lo que sus propias víctimas recuerden no puede señalar fallas o expresar agravios frente a las instituciones y que la elaboración de contextos y reconstrucción de dinámicas violentas debe ante todo mostrar a la fuerza pública bajo su mejor cara”.
Tras ese espectáculo denigrante aquellos violentados por el sistema del que él ha hecho parte, no encontraron en la audiencia posibilidad alguna de reparación; sino que después de casi 40 años esta audiencia reafirmó, tal como lo pensaban ellas, que acogerlo era un completo error. La JEP se usó para que el victimario obtuviera libertad condicional desde el momento en que fue acogido hace más de dos años. Para quienes piden justicia y verdad, en cambio, todo empeoró; este tribunal de la paz solo dejó más dolor. Tal vez también gracias a fuerzas en contraposición dentro de esa misma institución.
Sería absolutamente errado considerar estos dos días de audiencias como exitosos o con algún sentido por el hecho de que las víctimas hubieran podido mirar a los ojos al victimario de tan alto rango militar. Confrontar criminales de guerra y sus cómplices es algo que han venido haciendo las victimas que acudieron a la audiencia, en su mayoría mujeres, hace años; conocen bien lo que es luchar contra el poder corrupto y criminal que ha dominado el país, en cambio lo que no han tenido y esperaban obtener de este escenario es justicia y verdad.
Algún togado comentaba en los pasillos la valentía del militar por el hecho de asistir a esa audiencia, también que quizás sería mejor realizar una audiencia cerrada para que él no se sintiera intimidado y que ese espacio había permitido tramitar el dolor a los violentados y demostrarle a él que esperaban repuestas.
Llaman la atención estos comentarios pues parte, claramente, desde la posición del victimario. A estas alturas no hay nada que demostrarle a nadie ni menos a quien ya fue condenado, absurdo también llegar a decir que estaría intimidado (por las víctimas?) alguien con ese prontuario criminal.
Acorde al libro Terrorismo de Estado en Colombia, este señor además de ser el comandante de los violentos y criminales actos cometidos durante la masacre del Palacio de Justicia y que aparenta ser un buen viejito, también ordenó el 13 de septiembre de 1985 la captura y desaparición de María Eugenia Castañeda Granadas mientras se encontraba retenida en la unidad de la Brigada XIII de la que él era el comandante; así mismo dio protección, apoyo y patrocinio a estructuras criminales paramilitares activas durante los 80 en el Magdalena Medio; en su mayoría por razones de persecución política. Hay que recordar que el libro en mención fue publicado en 1992, así que todo aquello que hubiera podido suceder posterior a esa fecha queda excluido en la espeluznante hoja de vida del militar.
Para profundizar
Es absurdo afirmar que alguien como él pudiera sentirse intimidado e insultante reconocerle algún valor al militar por el hecho de acudir a la audiencia; sobre todo cuando pisoteo todo el sentido de ser de la JEP, se mantuvo intacto en la mentira y la agresión. Que cualquier togado afirme algo así es muy preocupante y simplemente inaceptable.
Este señor debería hacerle un favor a la fuerza pública y romper el pacto de silencio para poder irle devolviendo un poco de dignidad y altura a la institución de la que hizo parte y que gente como él se ha encarado de corromper y denigrar.
