El aborto no es un delito, es una tragedia. Creo que siempre es una experiencia traumática y que ninguna mujer aborta por gusto. Sin embargo, hay miles de abortos cada año, la mayoría de ellos clandestinos, muchos en condiciones higiénicas que ponen en peligro la vida de las mujeres, demasiados de ellos de niñas y adolescentes.
La reciente sentencia de la Corte Constitucional ayudará a disminuir esa tragedia, pues no solo despenalizó el aborto, haciendo innecesarios los abortos clandestinos, sino que además hizo una vehemente exhortación al Gobierno nacional y al Congreso para que adopten una política integral sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que “brinden verdaderas alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Esta importante exhortación de la Corte en defensa de la vida, ha pasado a un segundo plano ante las fuertes críticas de los sectores más conservadores de la sociedad y de las iglesias a la despenalización del aborto, a la que califican como una decisión atroz, que convierte el aborto en un método anticonceptivo, que legaliza el asesinato.
Dejando de lado las declaraciones altisonantes y propuestas populistas como la de promover un referendo para prohibir el aborto, debo decir que las posiciones personales de quienes se autodenominan provida me parecen totalmente respetables y, en algunos casos, hasta admirables.
No se puede criticar ni rechazar a una mujer que por sus creencias religiosas piensa que abortar es un pecado; más aún, son de admirar los casos de mujeres que, aún sabiendo que el feto tiene malformaciones, deciden tener al hijo porque es la voluntad de Dios y criarlo con un amor que sobrepasa las discapacidades. Lo que es criticable es que se quieran imponer esas creencias a personas que no las comparten, así como no es aceptable que un padre provida impida abortar a una hija que ha sido violada.
Ese es el fondo del debate sobre la sentencia de la Corte: en ella no se impone a ninguna mujer la obligación de abortar, pero tampoco se acepta castigar como delincuente a una que aborte. El principio que se afirma es que el Estado debe respetar la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y no imponerle las creencias de otros.
Rechazar este principio básico de un Estado no confesional es pretender volver a las épocas en que la Iglesia católica no solo determinaba qué era pecado, sino que contaba con el “brazo secular” del Estado para convertirlo en delito y castigarlo. Es lo que hoy hacen los fundamentalistas islámicos que convierten los principios morales del Corán en la Sharia, todo un sistema de justicia civil y penal que regula la actividad pública y privada en sus países.
Cada iglesia tiene el derecho de determinar el bien y el mal, según sus creencias y dogmas y señalar a sus fieles los castigos por sus pecados. Antes de que la Iglesia católica se convirtiera en la religión oficial del imperio romano, el castigo máximo era la excomunión, es decir, excluir al pecador de la iglesia, con lo cual estaba condenado al fuego eterno.
Cuando se convirtió en poder político y el papa en un jefe de Estado, se olvidó del mandamiento de la misericordia; en lugar de la prédica del amor para anunciar el evangelio usó ese poder terrenal para imponer su interpretación de los libros sagrados y convirtió los pecados en delitos punibles que debían ser castigados por su brazo secular.
El caso más extremo de esa confusión de Iglesia y Estado fue la Santa Inquisición. Creada en el siglo XII para combatir, primero a los herejes y después a los judíos y a las brujas, a quienes no solo consideraba que estaban fuera de la doctrina oficial, sino que eran enemigos del Estado. Por eso después del “auto de fe” (un juicio sin garantías) y las confesiones logradas a punta de torturas, el obispo o fraile inquisidor entregaba al condenado a su “brazo secular” para que aplicara las penas, que incluían la muerte en la hoguera para expiar sus pecados.
Mucho ha avanzado la Iglesia al superar y repudiar esas prácticas medievales y ese contubernio con el Estado, pero todavía quedan algunos nostálgicos de ese pasado imperial que, muy lejos de los extremos de la Inquisición, sí quieren utilizar el Código Penal para imponer a toda la sociedad sus creencias y valores. Por eso, como consideran que para ellos el aborto es un pecado –lo cual es una convicción personal no cuestionable– quisieran que el Estado lo siguiera considerando un delito. Por fortuna para Colombia, la Corte Constitucional rechazó esa pretensión.
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COLETILLA: Otros líderes sociales asesinados, esta vez en el Magdalena Medio. Ya van más de 300 vidas segadas. ¿Será mucho pedir a los autodenominados provida que protesten también contra estas masacres?
