Los residentes de Floridablanca, Santander, tienen obligación de financiar el cuerpo bomberil, que involucra los traslados e infraestructura que se encuentra disponible para el riesgo originado en incendios, rescates, incidentes y atención de desastres.
La Alcaldía de Floridablanca es la encargada de cobrar el dinero y entregárselo a la empresa “Cuerpo De Bomberos Voluntarios de Floridablanca”, una asociación cívica, privada, de utilidad común, y sin ánimo de lucro. Pero en realidad, es un tributo disfrazado para pagar una de las cajas menores que utiliza la corrupción en el departamento: alcaldes, contratistas, concejales y senadores.
El representante legal de esta empresa, Eduardo Arturo Pacheco Jiménez, se aprovecha de que las reglas de juego no son las mismas de cualquier entidad pública dependiente de la alcaldía, para usar recursos públicos como si se tratara de su Nequi y acuñando a Epa Colombia, repartir plata a la lata. Y, como si fuera poco, nadie le puede preguntar y mucho menos decir nada
Ya que el hecho de no estar vinculada funcionalmente al municipio le otorga ciertos beneficios a la empresa a la hora de rendir cuentas de su gestión con los recursos. No son sujetos de control político por parte del Concejo de Floridablanca, le rinden cuentas al supervisor del convenio (quien pone la politiquería) y a la Contraloría.
La excontralora Luz Mariana Díaz decidió iniciar la travesía de pedirles rendición de cuentas. Como si se tratara de algún cuento de Homero, Díaz vivió un martirio para poder hacer la pregunta “¿Qué están haciendo con la plata?”
Sin la presión de los medios de comunicación, y los bienpensantes uniandinos, la empresa ignoró completamente la ley. Le gritó con acento ebrio a la Contraloría: “Usted no sabe quién soy yo” y argumentando que no eran sujetos de control fiscal no se dejaron auditar. A los funcionarios de la Contraloría se les impidió el ingreso a las instalaciones, al punto de que tuvieron que pedir acompañamiento de la Personería Municipal.
Mediante la resolución No.037-2017 del 10 de marzo de 2017 se vinculó al comandante del cuerpo de Bomberos Voluntarios como sujeto de control fiscal. Al ver lo que se encontró, uno entiende por qué jodieron tanto.
Ejercieron control de nulidad y argumentaron que la Contraloría se extralimitó por ponerlos a rendir cuentas, a pesar de recibir dineros públicos, pretendían manejarlos como si se tratara de una inmobiliaria heredada o quién sabe qué tipo de negocio.
Luego de este oso jurídico, se lograron auditar los años 2017 y 2018, donde encontraron varios giros, pagos sin ningún tipo de soporte, no había forma de probar el por qué. Con razón no querían que los investigaran, tenían montado un Nequi. Lo grave es que esto pudo haber sido para financiar campañas políticas ya que los hallazgos probaron que era un cajero de políticos. El hoy concejal José Manuel Junior Sequeda recibió giros de tal entidad sin justificar, antes de la campaña que hoy lo tiene electo.
Resultó en un daño fiscal de 8.220,982,641 pesos. Se debe aclarar que solo se auditaron dos años, esto me deja la pregunta de qué pasaría si se auditan todos los años desde su fundación en los años noventa.
Debido a este descaro que revelaron los hallazgos de la auditoría, la señora María Isabel Rozo García, según su manual de funciones tenía la obligación de iniciar investigaciones de orden fiscal, cosa que hizo. Pero en el momento en que abre dicha investigación en insumos de material probatorio, abre una caja de Pandora que le afectaría el desarrollo de su vida. Al punto de ser víctima de su propio trabajo.
Basada en que la empresa fácilmente se podría haber declarado en ley de insolvencia y sacar la plata del país, decidió embargar las cuentas. Embarga seis millones de pesos, los bomberos prestaron sus servicios durante este embargo como cualquier otro día.
Pacheco escudándose en que son los bomberos y que con tales investigaciones y con esas cuentas embargadas se prendía toda la ciudad, los funcionarios de la Contraloría que adelantaron la auditoría y el inicio del proceso de responsabilidad fiscal fueron objeto de persecución. ¿Cómo se les ocurre investigar la caja menor? Fueron objeto de investigaciones penales y disciplinarias.
A la señora María Isabel Rozo García la acusaron de extralimitarse, aunque su actuación iba acorde a la norma de normas, y no hay ley vigente que esté por encima de esta. Su defensa es curiosa, no está haciendo esos shows ridículos propios de Jaime Lombana gritando: “Usted no sabe quién soy yo”, se defiende con los mismos hechos y evidencias que se le pasaron por los entes de control, en su momento.
Eduardo Pacheco, al ver que se les estaban metiendo al rancho, decidió contratar al abogado del Diablo, Jaime Lombana, famoso por su extraña forma de operar e interpretar el derecho con la ayuda de ciertas influencias.
Luego de esta jugosa y cara defensa, a punta de coincidencias ordenan el traslado del proceso desde la Contraloría General hacia la Gerencia Departamental de Santander. Sin ningún tipo de explicación razonable, el 19 de marzo de 2021, se decretó auto nulidad del proceso.
¿Por qué el contralor general asume el conocimiento directo de dicha auditoría? Muy rara vez esto sucede, en Floridablanca no lo ha hecho con otras entidades, mucho menos de esta forma.
Lo que no cuentan es que quien llevó todo el proceso que decreta nulidad fue el subcontralor delegado: Ricardo Arciniegas García, socio del representante legal de bomberos, supervisor del convenio y cercano a la administración.
En cabeza de la gerencia departamental, el señor Fernando Augusto Súñiga Camelo y la señora Martha Rocío Medina Méndez realizan otra auditoría, pero se contradicen completamente con la primera. Como diría Juan Manuel Santos: “¡Ese tal daño fiscal, no existe!”. Hoy es de un poco más de 1.000 millones de pesos, se desaparecieron casi 7.000 millones de pesos. Un truco de magia.
Yo acá me pierdo, me pregunto cómo es posible que unos políticos tan chichipatos como unos cuestionados concejales de Floridablanca tengan tanto poder para perseguir a quien los investigó, mover el proceso y desaparecer 7.000 millones de pesos de daño fiscal.
Como no hay otra organización bomberil, los alcaldes deben trabajar junto a esta empresa, sin ideología política y así sin asco se adaptan a sus nuevas reglas “bancarias”, ellos mismos cuadran cómo se van a repartir el dinero de los florideños. No se preocupan por rendir cuentas, ya que quien es competente para exigirles es la Contraloría Municipal, y su cabeza la ponen los concejales, a quienes ya les han donado para sus campañas políticas.
La resolución 037 de 10 de marzo del 2017 sigue vigente, pero en papel.
