En diciembre de 2022, María Carolina Pizano, la hija mayor del fallecido excontroller de Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, dio fin a cuatro años de silencio.
Desmintió al exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien por años alardeó de su cercanía con las Pizano Ponce de León, exigió resultados en las investigaciones por las muertes de su padre y de su hermano; y además reveló que Ruta del Sol en liquidación aún les debía sueldos pendientes de su padre.
Las Pizano pasaron de los años en silencio a buscar la restitución de sus derechos por las vías legales. En ese sentido cuentan con la representación de dos abogados, Miguel Ángel del Río, en lo penal, y Santiago Morales, en lo económico.
Al Grupo Aval se le sumaron dos cosas, las declaraciones de María Carolina y su hermana Juanita, y la sanción de 80 millones de dólares por violar la ley de prácticas corruptas en los Estados Unidos.
El golpe por las sanciones en los Estados Unidos se veía venir y en un informe presentado por el Grupo Aval a la SEC (Securities and Exchange Commission) en 2022, el conglomerado advirtió sobre las consecuencias por el enorme daño reputacional y económico que llegaría. Paralelamente, Aval desplegó una ambiciosa campaña publicitaria para reivindicar el nombre de su empresa involucrada en el escándalo, la cual podría resumirse en un “no me digas Corficolombiana, solo dime Corfi”.
El liquidador de la Concesionaria Ruta del Sol, y quien debe pagar las deudas pendientes a las Pizano, es un experimentado abogado que curiosamente tiene a cargo las liquidaciones de todas las sociedades en las que estuvo vinculada Odebrecht en Colombia. Es decir, en el caso de Ruta del Sol está encargado de cobrarse y de pagarse. Su nombre es Darío Laguado, Laguado, quien también ha sido catedrático, fue profesor de Néstor Humberto Martínez, protagonista clave en el entramado Odebrecht-Aval, y fue su jefe en la Superintendencia Bancaria. Tiene también una firma de abogados que cuenta entre sus clientes a bancos del Grupo Aval, pero Laguado no ve conflictos en esto, así se lo dijo en diciembre de 2022 a CAMBIO y así lo repitió en una entrevista a Caracol Radio el pasado 7 de septiembre.
En dicha entrevista, Laguado habló de su papel como liquidador de la Concesionaria Ruta del Sol y se refirió, entre otras cosas, a la deuda pendiente con la familia Pizano Ponce de León. Dijo que las acreencias laborales a la familia del excontroller podrían estar en los 10.000 millones de pesos y explicó que a Jorge Enrique Pizano se le pagaba a través de una empresa creada por él, pero que Pizano hacía todo en esa empresa: “ Él era el hombre que ponía la espalda, la inteligencia, el riesgo, la firma. No es una empresa de estas en la que hay departamentos, áreas, no. Él era todo, él era la junta, el trabajador, el gestor” le dijo Laguado al periodista Gustavo Gómez, y también anunció que las deudas a la familia Pizano serían las primeras en ser pagadas. Sin embargo, explicó que el juez laboral que conoce el caso ni siquiera ha fijado la fecha para conciliar con la familia.
Laguado reveló que el consorcio tenía con qué pagar esa y otras deudas, aseguró que había 200.000 millones de pesos embargados por la Superintendencia de Industria y Comercio y que si la entidad levantaba dicha medida cautelar los pagos se harían en un lapso de dos meses.
La entrevista se desarrolló en tono cordial y amigable. Entre chascarrillos y alegorías el liquidador Laguado envió un claro mensaje a la familia del excontroller, dinero para honrar las acreencías había e intenciones también.
Santiago Morales, el abogado de las Pizano, le pidió a la juez laboral que tuviera en cuenta las declaraciones de Laguado como prueba sobreviniente, ya que se dieron con posterioridad a la presentación de la demanda y porque con ellas se reforzaba la posición de la familia de la existencia de un contrato realidad, es decir una relación laboral más allá de la formalidad del contrato con la empresa que Jorge Enrique Pizano creó.
Las Pizano han recibido mensajes de terceros sugiriendo que no hagan más ruido. “Claramente nos deben una plata, claramente nos tienen que pagar… Pero no nos pueden presionar con plata para que nosotros nos callemos”, aseguró María Carolina Pizano en entrevista con CAMBIO el pasado 28 de noviembre. A pesar de las “presiones”, ellas han insistido en seguir adelante con los procesos penales y civiles.
Con respecto a las declaraciones de Laguado, el abogado de Ruta del Sol en liquidación, envió una carta al juez laboral que lleva el caso de las acreencias laborales a Jorge Enrique Pizano.
En la misiva, el jurista le pidió a la togada que no tuviera en cuenta las declaraciones hechas por Laguado a los periodistas, según él, porque no se podía convertir en prueba una entrevista dada en “tono amable pero informal”.
Todo indica que no era tan inminente el pago a la familia Pizano Ponce de León, lo cual coincide con su valiente decisión de no callar. Y también indica que el liquidador Laguado, como puede decir una cosa puede decir otra.
PS: La familia Pizano Ponce de León solicitó, a través de su apoderado, la pérdida de competencia del juez que conoce la demanda laboral. Cinco años después no ha citado siquiera a la primera audiencia.
