La historia reciente de la normatividad laboral venezolana resuena como advertencia: ¿Seguiremos sus pasos o tomaremos los correctivos a tiempo?
El proyecto de reforma laboral, ya en curso en el Congreso, ha despertado una ola de preocupación en la comunidad empresarial. Esta surge en primer lugar, ante el prospecto de un incremento en el costo del despido injustificado. Sin embargo, hay temores más profundos y perturbadores en juego: el riesgo de un impacto negativo sobre la productividad empresarial y los costos laborales. Esta amenaza proviene no solo del aumento en los costos de despido, sino también de una tendencia preocupante hacia la sobreprotección de los derechos colectivos, a costa de los derechos empresariales.
He abordado el tema de la reforma laboral en tres columnas previas. En ‘Ponencia endurece la reforma laboral’, expliqué que se triplicará el costo del despido sin justa causa. En ‘Reforma laboral o síndrome sindicalista’, analicé cómo el Gobierno intenta imponer mediante la ley lo que los sindicatos no han logrado conquistar a través de sus propios méritos. Finalmente, en ‘Reforma laboral o pliego de peticiones’, señalé el uso de argumentos sofistas y descontextualizados por parte del Ministerio del Trabajo, los cuales provienen de una errada interpretación de un estudio sobre el mercado laboral publicado en 2005, para justificar el aumento en los costos de despido.
Sobre lo anterior y otras normas relacionadas para hacer más difícil y costoso que un empresario despida a un trabajador sin justa causa, el Ministerio del Trabajo sostiene que su propuesta apunta a obligar a que el empresario mantenga la estabilidad laboral como factor de productividad. En otras palabras, a reducir lo máximo posible la movilidad laboral, un concepto que es muy familiar en Venezuela.
El enfoque adoptado por el Gobierno sugiere una interpretación sesgada de las condiciones laborales actuales, así como de un análisis incorrecto de una investigación del año 2005 denominada «¿El trabajo estable mejora la productividad?». Además de que el ministerio utiliza argumentos sofistas en la exposición de motivos del proyecto de ley, la realidad laboral colombiana de la segunda década del siglo XXI es muy diferente a la realidad laboral europea de principios del año 2000, contexto temporal que da sustento a parte de la reforma. Esta desconexión puede llevar a la creación de políticas ineficaces y posiblemente perjudiciales.
Inamovilidad laboral en Venezuela
La lección más importante para considerar aquí, proviene de un mensaje que recibí de un lector de este espacio de opinión. Es un empresario que vivió en carne propia las consecuencias de políticas laborales inadecuadas y populistas en Venezuela.
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“La lección más importante para considerar aquí proviene de un mensaje que recibí de un lector de este espacio de opinión”.
Tuvo una empresa de fabricación de muebles para oficina en dicho país y se vio obligado a cerrarla. Hoy su empresa opera en Cúcuta. Este lector me compartió su experiencia en los siguientes términos: “El gobierno de Chávez decretó una ley de inamovilidad laboral férrea que hacía imposible despedir a un trabajador. Con esta ley y el paso de los años, la relación laboral en nuestra empresa se fue deteriorando sustancialmente, los trabajadores regulares se volvieron malos trabajadores y varios de los buenos se volvieron bastante regulares. Al existir leyes que hagan difícil o muy oneroso despedir a un trabajador, las relaciones laborales se deterioran y por ende la actividad de la empresa y por último el tejido empresarial”.
Su mensaje terminó con una sentencia que espero que no sea premonitoria de lo que va a suceder en Colombia, por cuenta de esta reforma laboral: “Nuestra empresa en Venezuela de más de 100 trabajadores y más de cuarenta años, lleva seis años cerrada. Es cierto que el tema laboral no fue la causa única del cierre de nuestra empresa, pero sí tuvo mucho que ver. La gran mayoría de empresarios que conozco, que tenían empresas en Venezuela, así opinan, la INAMOVILIDAD laboral acabó con la paciencia de los empresarios”.
Revisando la normatividad laboral venezolana, efectivamente encontré que Hugo Chávez emitió un decreto que instituyó una cláusula irrenunciable en los contratos laborales. Esta cláusula garantiza a los trabajadores venezolanos un periodo de 'inamovilidad laboral' durante el cual no pueden ser despedidos sin justa causa, a menos que se obtenga un permiso especial de un inspector laboral.
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“Revisando la normatividad laboral venezolana, efectivamente encontré que Hugo Chávez emitió un decreto que instituyó una cláusula irrenunciable en los contratos laborales”.
Iniciada en el año 2002 con un periodo de inamovilidad laboral de 60 días, esta política ha sido extendida repetidamente a través de decretos sucesivos. El actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, la mantiene y ahora está vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, con toda probabilidad a ser extendida aún más.
La política de ‘inamovilidad’ de Chávez, junto con otras disposiciones laborales de tinte populista, tuvo consecuencias nefastas para Venezuela. Fue un golpe a la productividad de los trabajadores venezolanos, elevó los costos laborales, aumentó el absentismo y desalentó la competitividad empresarial. (2)
Su nombre, ‘inamovilidad’, lo dice todo, una vez que un empleado comienza a trabajar en una empresa, es prácticamente imposible despedirlo sin justa causa. A pesar de las evidencias, Venezuela sostiene que su política laboral es exitosa, afirmando tener una tasa de desempleo inferior al 10 por ciento. Sin embargo, estimaciones de organismos multilaterales sugieren que la tasa de desempleo real de Venezuela oscila entre el 40 y el 50 por ciento, una cifra muy lejana a la tasa oficial. (3)
Lo contrario a la inamovilidad laboral sucede en Estados Unidos, uno de los países de más alta productividad en el mundo, en donde no se prevé, por ley, costo alguno por despedir a un trabajador sin justa causa. El costo de un despido es acordado en cualquier tiempo entre empleado y empleador, haciendo más flexible la contratación y la movilidad laboral, términos que parecen difíciles de entender para el gobierno colombiano.
Les recomiendo encarecidamente la columna de Orianna Gentile en La República, titulada 'Inamovilidad laboral: reforma de espalda a las nuevas realidades'. En ella, Gentile, abogada especializada en derecho laboral de la firma Chapman Wilches, reflexiona sobre el concepto de inamovilidad laboral que permeaba los primeros borradores de la propuesta de reforma, al tiempo que sugiere los modelos de normatividad laboral que deberíamos tener como referencia. Profundiza en las consecuencias perjudiciales que un incremento en los costos de despido y de litigios laborales podría tener sobre las empresas, a la luz de algunas disposiciones de la reforma laboral propuesta.
Conversé con ella y me confirmó que la propuesta presentada por el gobierno ha sufrido modificaciones respecto a sus primeras versiones, donde, por ejemplo, se proponía la eliminación de la posibilidad de despido sin justa causa. Si bien en la versión actual se mantiene esta posibilidad, aunque a un costo más alto, existen, según Gentile, otras disposiciones que revelan la inclinación del gobierno hacia la senda normativa de la inamovilidad laboral.
La ponencia aprobada para primer debate mantiene tres acciones de reintegro que dan cuenta de esa estabilidad laboral absoluta: por despido discriminatorio, por inconsistencias en la aplicación del proceso disciplinario que deriva en la terminación del contrato de trabajo con justa causa y cuando se violan las normas de suministro de personal en misión.
Según ella, la tendencia mundial se orienta hacia legislaciones laborales que permitan flexibilidad en la contratación y desvinculación del personal, fomentando la estabilidad del mercado laboral y no de un puesto de trabajo.
¿Espejo de nuestro futuro?
El testimonio del lector que tuvo empresa en Venezuela y que se vio obligado a cerrar, debería resonar con fuerza en los pasillos del Ministerio del Trabajo y del Congreso. Es una advertencia real y tangible de las posibles consecuencias de políticas laborales mal diseñadas. El camino que tomó Venezuela, con decretos de inamovilidad laboral crearon un ambiente empresarial hostil y un crecimiento significativo del desempleo. En Colombia debemos esforzarnos por evitar tomar ese mismo camino.
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“El testimonio del lector que tuvo empresa en Venezuela y que se vio obligado a cerrar, debería resonar con fuerza en los pasillos del Ministerio del Trabajo y del Congreso”.
En lugar de seguir una senda trillada y fracasada, Colombia debe aprender de las experiencias de otros y adaptar su enfoque a su propia realidad. El Congreso tiene que rechazar la tentación de las soluciones fáciles y populistas, y en su lugar, trabajar en políticas laborales que realmente beneficien a los trabajadores sin sacrificar la competitividad y viabilidad de las empresas.
Es apropiado recordar el aforismo del filósofo y ensayista George Santayana, 'Aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo'. No permitamos que la sombra de un bienestar laboral ilusorio nos lleve por un camino de competitividad menguante y productividad en declive. Las lecciones aprendidas de la historia laboral reciente de Venezuela deberían ser una guía y no el espejo de nuestro futuro.
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(1) Trabajo de investigación «¿El trabajo estable mejora la productividad?». Autores: Peter Auer, Janine Berg e Ibrahim Coulibaly. Año 2005.
(2) Impacto económico de la legislación laboral en Venezuela. Autores: María Candelaria González, Yajaira Bracho de Hernández, Julio Villasmil S. Año 2015
Pueden encontrar la investigación en este enlace: https://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-impacto-economico-legislacion-laboral-venezuela-S2215910X15000075
(3) Desempleo en Venezuela se acerca al de Bosnia posguerra: FMI
https://www.bloomberg.com/latam/blog/desempleo-en-venezuela-se-acerca-al-de-bosnia-posguerra-fmi/. Artículo de 2019 sobre el desempleo en Venezuela. No hay mediciones recientes del FMI salvo la del año 2020 de pandemia, que es atípico por su naturaleza.
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