Camilo A. Enciso V.
3 Mayo 2022

Camilo A. Enciso V.

Callen a Duque

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En respuesta a la acción popular radicada hace dos semanas por el Instituto Anticorrupción, PARES y Extituto en contra de Iván Duque por participar en política, el presidente dobló su apuesta. El 19 de abril dijo que “nunca dejaría de pronunciarse” y que “seguiría opinando”, al amparo del derecho a la libertad de expresión, de cuánta cosa le venga en gana.

Simultáneamente, Duque se dio a la tarea de atacar la –muy torpe– propuesta del candidato Petro sobre el “perdón social”, diciendo que, “cualquier tipo de política que busque premiar, favorecer y atenuar a los criminales que más han lacerado a este país, claramente es una propuesta altamente inconveniente y que merece el rechazo del pueblo colombiano”.

Además de alzar la voz contra la idea del candidato del Pacto Histórico, agregó que “Colombia no puede seguir siendo permisiva con el terrorismo o con el narcotráfico”. Es decir, no solo hizo referencia explícita a la propuesta de Petro, sino que agregó una coletilla que sugiere, veladamente, que el puntero en todas las encuestas es permisivo con esos flagelos y sus responsables.

El empeño de Duque en desacreditar a Petro tiene varios problemas. 

Más allá de que las propuestas de Petro sean buenas o malas, convenientes o inconvenientes, Duque sigue violando la Ley de Garantías. Él, que debería dar ejemplo de un cumplimiento estricto de la prohibición de participar en política, es el primero en transgredirla. Como consecuencia, detrás de él, vienen validados por su conducta todos los demás: Zapateiro, Barbosa, ministros, gobernadores y alcaldes.

La conducta ilegal del presidente se ha convertido así en el hecho legitimador de la politiquería desplegada por muchos otros funcionarios del país, que usan su influencia y recursos para ayudarle al candidato de su predilección. Si el presidente lo hace, ¿por qué yo no? –se justifican–. Duque legaliza de esa manera la corrupción, que no es otra cosa que el abuso de poder para beneficio personal o de terceros.

De otra parte, desbordando los límites trazados por la Constitución y la ley al poder presidencial, Duque hace política y profiere pronunciamientos que son amplificados gracias a la cobertura de los medios nacionales, en favor del candidato Fico Gutiérrez y en detrimento de su principal contendor, que hoy lidera todas las encuestas. 

Peor aún, en desarrollo de su derecho a “opinar” y “pronunciarse” la Presidencia ha suscrito contratos por 3.182 millones de pesos relacionados con asesoría “estratégica” de comunicaciones. Con esa plata se han contratado estrategas, diseñadores, comunicadores sociales y empresas cuyo trabajo es potenciar los mensajes que salen desde la Casa de Nariño. Mejor dicho, con nuestros impuestos el Gobierno le hace campaña a su candidato.

Para colofón, tenemos que uno de los contratos en cuestión, por 433 millones de pesos, fue suscrito con el Centro Nacional de Consultoría, una de las principales firmas encuestadoras, que por esta época publica sus estudios sobre inclinación de voto para las elecciones presidenciales. Desde mediados de marzo esa empresa ha publicado al menos tres encuestas contratadas por Semana, que retratan la forma en que Fico Gutiérrez le corta terreno a Gustavo Petro.

El presidente se escuda diciendo que lo único que hace es ejercer su derecho a la libre expresión, olvidando que los funcionarios solo pueden hacer aquello que explícitamente la Constitución, la ley y las normas que regulan su trabajo, les manda. E ignorando que el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos y del presidente tiene límites. Incluso, favorecer a un candidato por medio de la presión a los subordinados, puede ser un delito.

En este momento, cuando estamos a 20 días de la elección presidencial, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debe tomar una decisión sobre las medidas cautelares que le han sido requeridas. Ese Tribunal, que ha mostrado gallardía a la hora de proteger a los más débiles y defender la Constitución y la ley, puede volver a mostrarla ahora, ordenándole a Duque abstenerse de hacer política y callarse. Esperemos que la decisión no llegue demasiado tarde. 

P.S. El 21 de mayo se cumple un año de la expedición de la sentencia que le ordenó al Gobierno entregar los contratos de compra de las vacunas anticovid. Es la hora en que aún no lo hacen, gracias a la marrulla jurídica de los abogados del Gobierno, Jansen y Pfizer. Han sido derrotados en todos los escenarios. Les ganamos una tutela ante el Consejo de Estado, un recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y una petición de nulidad, rayana en la mala fe. ¿Qué tiene que pasar para que nos entreguen los contratos? ¿No se supone que vivimos en un Estado de derecho?

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