Carta abierta al embajador de Estados Unidos
30 Abril 2022

Yohir Akerman

Carta abierta al embajador de Estados Unidos

Excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos ante Colombia, Philip S. Goldberg, le escribo esta carta en mi papel de columnista de un medio de comunicación colombiano, privilegio que llevo con mucho honor y orgullo. Pero también como ciudadano estadounidense preocupado y confundido.

He seguido con atención las declaraciones y acciones de la Embajada ante las decisiones de la justicia colombiana en diferentes casos. Esto me ha impulsado a escribirle esta misiva. A título personal, como columnista y como ciudadano de la nación que usted representa ante Colombia, mi país de nacimiento. 

El gobierno de los Estados Unidos de América, acertadamente, le ha suspendido o cancelado la visa de entrada al país a varias personas de alto perfil, por casos jurídicos muy sonados en Colombia o, simplemente, por ser imputados por la justicia nacional. 

Repito, acertadamente. 

Una de las razones para ello, según lo han declarado en el pasado voceros del gobierno que usted representa, señor embajador, es para prevenir que personas que presuntamente han cometido delitos en Colombia, se escapen o usen la jurisdicción de los Estados Unidos para esconderse. Casos se han visto en el pasado. 

En ese sentido, el 31 de julio de 2017, su antecesor en la representación diplomática de Washington ante Colombia, el embajador Kevin Whitaker, fue vehemente al asegurar en una entrevista en W Radio, que si una persona está siendo buscada por la justicia colombiana o está sujeta a un proceso judicial, también es un problema del gobierno de los Estados Unidos.

El representante anterior de la oficina que actualmente usted maneja aseguró: “Tenemos el derecho y la obligación de quitar la visa y recolectar información para saber si es apto para entrar al país”. 

Es claro señor embajador Goldberg que usted tiene una carrera particularmente distinguida en el Servicio Exterior de los Estados Unidos y por eso entiende las implicaciones de un tratamiento diferencial en este tema. Su rango de “embajador de carrera”, es el más alto en el Servicio Exterior, un estatus que se otorga a un número muy pequeño de diplomáticos estadounidenses. 

También es cierto que usted está a punto de asumir una nueva misión como embajador en Corea del Sur, pendiente de la aprobación del Congreso estadounidense como su alto rango lo exige. Felicitaciones por ese nuevo reto señor embajador. Sin embargo, antes de dejar Colombia es importante que este tema quede analizado y se pueda estudiar detenidamente con quien lo reemplace. 

En este sentido, el gobierno de los Estados Unidos ha tomado en el pasado decisiones tan difíciles como revocar la visa a congresistas colombianos, por estar involucrados en escándalos de corrupción. Igualmente, a magistrados de la Corte Suprema, mientras estaban siendo investigados por el famoso cartel de la toga. Incluso, a un presidente en ejercicio y a exfuncionarios de gobierno o entidades de control. 

Por eso sorprende tanto que, en un caso tan importante para Colombia como el que enfrenta el imputado expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde existe tanta evidencia documental y en donde cuatro instancias diferentes de la justicia (la Sala Penal de la Corte Suprema, la Sala de Instrucción de la misma entidad, la Corte Constitucional y la Juez 28 Penal del Circuito de Conocimiento) han señalado que hay razones jurídicas para que se conserve su condición de imputado y continúe su proceso, el gobierno de los Estados Unidos no haya tomado decisión alguna sobre su visa. ¿Cuál es la postura oficial de Washington frente a este tema? Lo pregunto ya que ha pasado suficiente tiempo para conocerla. 

Además, es de público conocimiento, señor embajador, que múltiples aliados y exfuncionarios de la admiración del expresidente Uribe, han utilizado el territorio de los Estados Unidos, y otras naciones, para evadir sus condenas e investigaciones ante la justicia colombiana. 

Son varios los casos. 

El más sonado es el del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien durante varios años sostuvo, desde su cómoda casa en Florida, que la condena en su contra era una persecución política. Todo para terminar, después de un largo proceso, extraditado por un juez federal, para que cumpliera con su condena en Colombia. 

Pero no es el único. Los casos de exfuncionarios de Uribe que se dieron a la fuga en el exterior también incluyen a María del Pilar Hurtado, quien admitió que fue por consejo de Álvaro Uribe Vélez que se escapó a Panamá para evadir su proceso y pedir asilo. Ella dirigió durante el gobierno de Uribe el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y usó el aparato de inteligencia del Estado para hacer espionaje ilegal en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes políticos de oposición y periodistas. Después de otro largo y desgastante proceso, esta funcionaria terminó extraditada desde Panamá para ser juzgada y pagar su pena en Colombia. 

O el caso del señor Luis Carlos Restrepo, quien fue alto comisionado para la paz y cuyo rastro se perdió cuando se produjo una decisión judicial en su contra. El 20 de enero de 2012 la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de prevaricato, peculado y fraude procesal, además de tráfico y porte de armas y hasta hoy se desconoce su paradero. 

Finalmente está el caso del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, el gran aliado en la región de su par Álvaro Uribe Vélez. Panamá había pedido la extradición de Martinelli en 2016 bajo la acusación de crear una red encaminada a espiar ilegalmente a más de 150 opositores políticos durante su mandato presidencial. El exgobernante se declaró víctima de una persecución política, un argumento no ajeno a los oídos de los colombianos, y se resguardó en los Estados Unidos para después terminar siendo extraditado de regreso a Panamá. 

El listado podría seguir y es largo. 

Ahora es el mismo expresidente Uribe quien enfrenta a la justicia en su calidad de imputado, repitiendo que todo esto es un acto de persecución política. Ya ha visto usted, señor embajador, que diferentes instancias judiciales, dos salas de la Corte Suprema de Justicia, un juez de tutela, el tribunal superior de Bogotá, la Corte Constitucional y el Juzgado 28 Penal del Circuito han reiterado que existe razón para que continúe el proceso por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. 

Con las garantías constitucionales y legales, el señor expresidente podrá demostrar su inocencia, o no. De eso, señor embajador, se trata el imperio de la ley, principio universalmente acogido por las democracias y piedra angular del sistema jurídico de los Estados Unidos de América. Nadie, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley. 

Y, de acuerdo con el expediente, hay claros indicios, testimonios, pruebas documentales y técnicas, que muestran la intervención del imputado expresidente Álvaro Uribe, del también imputado abogado Diego Cadena y del exrepresentante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, en los hechos materia de investigación. 

Todas esas personas, a pesar de las pruebas y las actuaciones judiciales, siguen teniendo visa para entrar a los Estados Unidos. Entonces me pregunto señor embajador, de nuevo como ciudadano estadounidense, si la ley es igual para todos, pero en algunos casos no todos somos iguales ante la ley.

Es verdad que el expresidente Uribe fue un gran aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y fue un presidente que, a los ojos de Washington, trabajó mucho por la seguridad del país. Pero este no es un tema político. Es asunto jurídico. Y también un tema de igualdad ante la ley y ante el gobierno de los Estados Unidos. 

Por eso, señor embajador, me atrevo a preguntarle por qué no se ha procedido en este caso, como en otros anteriores en donde el gobierno de su país, que es también el mío, ha actuado con firmeza y decisión. De antemano le agradezco su atención a mis preguntas, excelentísimo señor embajador. Muchas gracias.

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com 

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