El pasado 21 de febrero se celebró en diversos países del mundo el Día Internacional de la Lengua Materna. Entidades como la Unesco consideran que la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con ella todo un patrimonio cultural e intelectual. Un factor de riesgo significativo en nuestro país sigue siendo el de la violencia sistemática contra los miembros de estas comunidades lingüísticas y la afectación de sus territorios. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de los 195 líderes asesinados el año pasado en Colombia, el 25 por ciento eran indígenas.
En Colombia las lenguas nativas han sido oficialmente definidas como las lenguas actualmente en uso habladas por los grupos étnicos del país. Ellas contemplan las de origen indoamericano, habladas por los pueblos indígenas, las lenguas criollas habladas por comunidades afrodescendientes y la lengua romaní hablada por las comunidades del pueblo rom o gitano, la lengua hablada por la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y también el lenguaje de señas.
Una autoridad en la materia, el destacado lingüista Jon Landaburu, considera que una política lingüística inteligente supone un adecuado conocimiento de la realidad social y cultural de esta diversidad de pueblos y confrontar este conocimiento con el que nace de la observación de situaciones sociolingüísticas muy diferentes. Efectivamente, la situación sociolingüística de estos grupos humanos es muy variable. Mientras algunas lenguas, como el wayuunaiki o la lengua del pueblo nasa, tienen decenas de miles de hablantes, otras se encuentran en estado de precariedad como el palenquero y el ette taara o al borde de la extinción por diversos factores y algunas están siendo débilmente transmitidas de una generación a otra.
En nuestro país el marco de la política lingüística se encuentra en la Ley 1381 de 2010. Esta contempló los derechos de uso de las lenguas nativas y del castellano en el campo de las relaciones con la justicia, con la administración pública y con la prestación de servicios de salud. En el campo de la justicia, para dar solo un ejemplo, los hablantes de las lenguas nativas tendrán derecho a actuar en su propia lengua, y “las autoridades responsables proveerán lo necesario para que, en los juicios que se realicen sean asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”. La realidad, sin embargo, es muy diferente.
Lingüistas como María Trillos consideran desde el Caribe colombiano que se han obtenido innegables avances en el tiempo a la vez que subsisten grandes desafíos en la ejecución de la política lingüística del país, especialmente en el reconocimiento efectivo de los derechos lingüísticos en las esferas públicas en donde interactúan los hablantes. Hay también tareas pendientes en el campo de la investigación académica y en la formación de docentes que aseguren un eficiente bilingüismo oral y escrito.
Un campo no aprovechado es el de la acción conjunta entre Estados en los territorios fronterizos. En Colombia existen comunidades y pueblos que hablan la misma lengua nativa en fronteras extensas como las que tenemos con Venezuela. Hoy no tenemos relaciones con dicho país. En el caso de tenerlas sería posible cumplir lo que la ley establece: que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en concertación con las autoridades de los pueblos aludidos, diseñe planes conjuntos de protección y fortalecimiento de las lenguas compartidas.
El auge del narcotráfico, la minería ilegal, la presencia de estructuras criminales, entre otros factores, amenazan gravemente la supervivencia de diversas comunidades lingüísticas. Ante esa dramática situación, la protección y salvaguarda de las lenguas nativas pasa necesariamente por la preservación de las vidas y los territorios de los hablantes de dichas lenguas.
