El concepto de perfidia va mucho más allá del nombre de un bolero mexicano. Esta palabra se encuentra comúnmente asociada con la deslealtad, la traición y el quebrantamiento de la fe debida. La esencia de la perfidia es el hecho de apelar a la buena fe del adversario con la intención de traicionarla, es decir, abusar de ella. La prohibición de la perfidia durante las guerras demostró ser un aspecto esencial para dotar de un orden internacionalmente compartido a las hostilidades entre Estados. Cuenta el profesor norteamericano Sean Watts que Thomas Jefferson, el reconocido autor de la Declaración Americana de Independencia, citaba la perfidia inglesa entre los agravios que justificaban la revuelta a gran escala y la guerra violenta contra los británicos.
Los actos de perfidia infligen un daño sistémico al derecho de la guerra como garantía de interacción mínimamente humana. En los protocolos que se adicionaron al Convenio de Ginebra en 1949 quedó explícitamente prohibido el simular ser un civil y también matar, herir o capturar a un adversario recurriendo a la perfidia. Aunque las estratagemas de guerra no están prohibidas, el derecho de los beligerantes a adoptar medios para herir al enemigo no es ilimitado.
Lo ocurrido hace pocos días en la masacre del Putumayo en donde se realizó una operación militar con hombres barbados, sin insignias ni uniformes oficiales, según lo declararon a la prensa los miembros de esa comunidad, indican que estos actos se ejecutaron recurriendo a la perfidia. Esta operación se desenvolvió en un escenario complejo pues se hizo en medio de la población civil causando la muerte de 11 personas. El Gobierno nacional y los altos mandos del Ejército colombiano catalogan a todas las personas muertas como combatientes, pero las organizaciones de derechos humanos, la prensa y los testigos los desmienten al declarar que la mayoría de ellos correspondía en realidad a civiles desarmados. Los medios de comunicación y organizaciones de tipo humanitario han dado evidencias de que la mencionada operación fue realizada en una comunidad con una vulnerabilidad ya advertida y que se encontraba en claro riesgo de desplazamiento.
El representante del secretario general de la ONU en Colombia y jefe de la Misión de Observación, Carlos Ruiz Massieu, pidió a las autoridades investigar lo que ocurrió en medio del operativo militar del Putumayo. Si bien los hechos registrados son de extrema gravedad, más indignante aun es la actitud de la cúpula del Gobierno al tratar de justificar una operación que presenta tantas inconsistencias como testimonios que contradicen la versión oficial. Ello es complementado con la estigmatización general de la población campesina de esa región, bajo el calificativo de “narcococaleros y criminales”, como los llamó el ministro de Defensa, Diego Molano.
Especialistas como Sean Watts consideran que gran parte del espíritu y el propósito de la prohibición consuetudinaria de los actos de perfidia parece haberse perdido. En general, esto ocurre en la medida en que se reduce la claridad doctrinal sobre esta conducta y, en sentido amplio, sobre la violación de los derechos de la población civil. Esto parece ser lo que ha venido ocurriendo en Colombia en el último cuatrienio. Un consenso en el país sobre el respeto a la población civil en medio del conflicto y una concepción más amplia de la perfidia prohibida evitará la erosión de los valores perdurables que cimentan el Derecho Internacional Humanitario y la propia democracia. Nada puede ser hoy más pérfido que justificar la perfidia.