María Jimena Duzán
23 Abril 2022

María Jimena Duzán

Petro, “el sindicado”

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En la diligencia que adelantó la magistrada Cristina Lombana en Madrid con “el Pollo Carvajal”, el todopoderoso exjefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen chavista, sucedieron varios hechos insólitos que superan la metida de pata de Caracol Televisión.  

Esta diligencia, no sobra recordar, se hizo en desarrollo de una investigación que la Corte Suprema de Justicia le abrió a Gustavo Petro, por petición de él mismo, luego de que Carvajal hizo unas declaraciones en octubre del año pasado que lo salpicaron.  

Carvajal aseguró tener información sobre cómo el chavismo financió a todos los movimientos de izquierda en el mundo durante los últimos quince años. Mencionó a Raimundo y a todo el mundo. Al expresidente Lula da Silva, de Brasil; a Ernesto Kirchner, de Argentina; a Evo Morales, de Bolivia; a Fernando Lugo, de Paraguay; a Ollanta Humala, del Perú; a Manuel Zelaya, de Honduras; al Movimiento Cinco Estrellas, en Italia, y a Podemos, en España. Carvajal también incluyó en esa abultada lista el nombre de Gustavo Petro.

La investigación pedida por Petro cayó en manos de Cristina Lombana, una polémica magistrada a la que Daniel Coronell bautizó con el nombre de “la calladita”. Ella fue la primera magistrada que llevó la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fue recusada por el senador Iván Cepeda, luego de que Coronell revelara que era mayor activa del Ejército. Cuando estaba a punto de fallar en favor de Uribe, la sala de instrucción, de manera unánime, decidió separarla de ese proceso por considerar que su doble condición, la de ser miembro del Ejército y magistrada, comprometía la independencia de la justicia. Aunque ella repentinamente se retiró del Ejército, su independencia quedó en entredicho, sobre todo después de que en el 2020 Ricardo Calderón destapó en Semana el escándalo de las carpetas secretas y su nombre volvió a aparecer. 

Esas carpetas fueron encontradas en un allanamiento que ella ordenó en diciembre del 2019. Calderon reveló que en esas carpetas se habían hecho seguimientos ilegales a cerca de 130 personas entre los que estaban periodistas norteamericanos, colombianos, políticos y miembros de varias ONG. Los seguimientos comprometían a oficiales del Ejército porque había evidencias de que varios de ellos las habrían ordenado. Sin embargo, arbitrariamente, la magistrada Lombana decidió no vincular estas carpetas al proceso sino cuatro meses y medio después, luego de que fueron reveladas por Ricardo Calderon. Forzada por las circunstancias, sólo entonces compulsó copias a la Procuraduría y la Fiscalía. Ya han pasado dos años y todavía no sabemos quién dio la orden.  

Esta polémica magistrada también ha tenido varias salidas en falso en la manera como ha asumido la investigación contra Petro por el caso de los señalamientos de “el Pollo Carvajal”.

A pesar de que el candidato tiene abierta una investigación preliminar, la magistrada Lombana lo ha tratado como si fuera ya un sindicado. Una fuente que asistió a la diligencia me aseguró que al menos en una ocasión la magistrada se refirió a Gustavo Petro como “el sindicado”. Lo mismo sucedió con el delegado de la procuraduría, que debe ser el encargado de velar por los derechos del investigado. A ambos parece que se les olvidó que Petro no ha sido acusado.  

Sorprende también el auto con fecha del 7 de abril que sacó la magistrada, en el que ordena a todas las entidades públicas, Registraduría, notarías, etcétera, y a todas las entidades bancarias, como a la oficina del Runt y a los centrales de crédito, entregar toda la información sobre Gustavo Petro y su núcleo familiar. Ese tipo de decisiones, según tengo entendido, se toman solo contra los grandes criminales sobre los que la justicia tiene un acervo probatorio importante, no contra senadores que tienen una investigación preliminar.

Luego vino lo que sucedió en la diligencia en Madrid, la cual fue vendida en los medios como una diligencia en la que Petro iba a quedar arrinconado porque “el Pollo Carvajal” lo iba a incriminar. Sin embargo, pasó todo lo contrario. “El Pollo”, vestido en un traje de marca y con unas manos de dandy, le dijo a la magistrada Lombana que no iba a decir nada sobre nadie, que no quería colaborar ni con la justicia colombiana ni con la justicia española, porque ya había hablado de Podemos y la audiencia española no había hecho nada.

En sana lógica, la magistrada debería cerrar la investigación, pero no lo va a hacer. Para ella el hecho de que Carvajal no hubiera colaborado con la justicia no significa que Petro no haya recibido dineros del chavismo.  

Esto sucede la misma semana en que el presidente Iván Duque es demandado por varias ONG por intervenir en política en contra de Gustavo Petro, y de que el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, salió en su cuenta de Twitter a insultar al candidato, porque generalizó cuando dijo que había generales vinculados con figuras como Otoniel.

No se trata de defender a Gustavo Petro ni a su candidatura. Se trata de defender la democracia y el estado de derecho. Este gobierno, por el temor a que Petro gane, está despedazando toda la institucionalidad que nos queda. 

Cuando un presidente se da el lujo de intervenir en política en contra del candidato que va más arriba en las encuestas, sin que nadie lo amoneste; cuando el comandante del Ejército hace lo mismo con el beneplácito del presidente, y una exmayor del Ejérciti, la magistrada Lombana, trata a ese mismo candidato como si fuera un criminal, queda claro que la democracia en Colombia está en cuidados intensivos. Y lo  más grave: las Fuerzas Armadas se han convertido casi que en un partido político armado, que parece haber tomado partido en favor de los dogmas uribistas y en contra del candidato más opcionado para ganar la presidencia, y a quien no le perdonan que sea de izquierda. 

Los militares siguen en la lógica de la guerra, mirando el país a través de la doctrina del enemigo interno. No entienden que este país cambió. No saben que hoy los colombianos no están marcados por la ideología, porque le temen más al hambre y al desempleo que a la llegada de la izquierda al poder. Duque los convirtió en activistas armados y ahora son una peligrosa rueda suelta.  

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