El “progresismo” es un ropaje conceptual moderno que sectores de la izquierda más dura y tradicional de América Latina supieron apropiarse, sin que pudiéramos masticar antes suficientemente qué era ser amigo o no del progreso. Como línea de partida, todos lo somos. Pero ellos, pareciera, quedaron con el monopolio de la búsqueda del progreso.
Los “progresistas” del corte de Petro, Cristina Kirchner o Pablo Iglesias defienden la versión más estatista de la paleta de socialdemócratas. Aspiran a construir estados elefantiásicos, con mucho poder para quitar, dar y redistribuir, con varios monopolios públicos, cerrados comercialmente al mundo y con una altísima discrecionalidad presidencial. Suelen ser proyectos refundacionales, que llegan a partir la historia en dos y con ese mandato y esa vanidad gobiernan.
Petro, es cierto, representa un cambio. Uno brusco y decidido. Si se lee de forma objetiva y con juicio su programa de gobierno, si oímos sus discursos y aspiraciones, encontraremos la búsqueda de implementar un proyecto estadocéntrico a lo largo y ancho del país. Todo el andamiaje político, económico, constitucional y cultural que supone eso, implica un enorme cambio.
Una cuestión fundamental es si ese cambio “progresista” que nos propone Petro vendrá con reformas que pretenden modernizar el Estado, su burocracia, tomar en cuenta recomendaciones de expertos independientes y desmantelar una cantidad de privilegios y reglas de juego ineficientes. O, más bien, como parece, viene para revivir parte de una versión de antaño e inoperante del Estado colombiano, maquillada con un relato renovado que viene para sepultar una buena parte de los noventa. Es claro el propósito de volver al estado de cosas de los ochenta en varios temas.
En la salud, promete que “en nuestro gobierno garantizaremos el derecho fundamental a la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo”. El sistema será dirigido por un comité central con “representación de distintos sectores sociales”. Eliminará las EPS, ARL, vendrán controles de precios y el Estado tendrá prácticamente el monopolio de los servicios de salud. Será una suerte de exhumación del antiguo Seguro Social.
En el tema comercial todo su discurso carga con una nostalgia y reivindicación del modelo de sustitución de importaciones de los 70 y 80. Así todos los rankings y datos digan que Colombia sigue siendo muy cerrada al comercio, para Petro nuestra economía es demasiado abierta y quiere renegociar los TLC, subir mucho varios aranceles y borrar del mapa la apertura de Gaviria y Hommes.
Apenas la alta inflación empezó a triturar nuestros ingresos, Petro y su campaña abandonaron las ideas de emitir moneda para financiar al gobierno y de rediseñar las reglas de juego del Banco Central. Esa discusión fue costosa y generó mucho ruido. Pero, nada nos asegura, que en su haber no siga la tentativa de darle silla en el Banco de la República a gremios, sindicatos y sectores sociales como lo propuso, y a modificar los objetivos y mandatos del banco. Así, como en los ochenta, cuando la Federación de Cafeteros tenía silla en la junta y el banco no tenía independencia y se normalizó tener inflaciones de dos dígitos. Su discurso es un regreso a los ochenta.
El Pacto Histórico viene también para darle el monopolio de todo servicio público al Estado, a secar el sistema privado de pensiones poniendo estándares de cotización inalcanzables para el 95 por ciento de trabajadores, a decir cuánto y cómo debe ser la liquidación de los dividendos empresariales, a prohibir o no la exportación de algún bien en nombre del interés nacional y decidir a discreción qué es o no un activo improductivo.
Pretenden un Estado omnipotente, invasivo y arrogante, que sabrá cuánto, cómo y dónde mejor que nadie. Con nuevos colmillos y tareas para compensar la muy poca confianza que este candidato tiene en la sociedad civil.
