El presidente de la República ha violado gravemente la prohibición de participar en política. Lo ha hecho repartiendo mermelada, avalando la creación masiva de puestos en la Procuraduría y a través de discursos en los que ataca las propuestas de uno de los candidatos a la Presidencia.
Iván Duque ha violado las reglas del sistema electoral de muchas formas. Empezó repartiendo mermelada de fresa, mora y guayaba desde el DPS y muchas otras entidades. Continuó impulsando una norma inconstitucional que permitió los convenios interadministrativos en pleno periodo electoral. Se descaró avalando la creación de más de 1.000 puestos en la Procuraduría. Y remató participando cínicamente en política durante los últimos cuatro meses.
En numerosas declaraciones ataca a Gustavo Petro y sus propuestas, sin mencionarlo con nombre propio, pero de forma tan obvia, que cualquiera que defienda lo contrario acaba balbuceando. Petro dice que no deberíamos pararle bolas a la situación de Rusia y Ucrania, y Duque le responde. Petro dice que liquidaría el Icetex, y Duque le responde. Petro propone reformar el sistema pensional de tal o cual manera, y Duque bota espuma por la boca y contraataca.
Mejor dicho, Duque se ha erigido en el principal jefe de debate antiPetro, utilizando el micrófono amplificador de la Casa de Nariño, y sacando provecho de los miles de millones que desde la Presidencia se gastan cada año en “comunicación estratégica”, recursos que provienen del bolsillo de todos los contribuyentes. Es decir, el presidente hace política con la plata de los colombianos.
Petro ha dicho muchas cosas polémicas este año. Muchas criticables. Pero quienes deberían entrar en el contrapunteo discursivo y político con Petro son sus contrincantes en la contienda electoral. No el presidente. El presidente es el primer mandatario de todos los colombianos. Y la ley le exige actuar con imparcialidad, de forma tal que la balanza de la política no se incline a favor de un candidato de su preferencia gracias a su poder, influencia y su capacidad de mover y usar los recursos del Estado.
Eso es justamente lo que pretende la Ley de Garantías. Esa ley –que Duque ha cogido de trapero– establece en el artículo 30 que durante los cuatro meses previos a la elección presidencial, el presidente de la República no puede referirse a los candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones públicas. Duque ha hecho todo lo contrario.
Sin embargo, la Procuradora de bolsillo de Duque guarda silencio conventual. Como abstraída de la realidad nacional, Margarita Cabello, exempleada de Duque, no osa elevar la voz contra su antiguo patrón. No se atreve a exigirle guardar la compostura y abstenerse de participar en política. No. Ella, que le debe 1.000 puestos a Duque, tiene –por eso mismo– 1.000 razones para incumplir con su misión constitucional: velar por la moral pública y el interés general.
Frente a semejante prevaricato por omisión de la Procuradora, el último resorte al alcance de la ciudadanía para ponerle coto al abuso de poder del presidente, es la acción popular, una figura que consagra la Constitución, que les da competencia a los jueces de la República para tomar decisiones rápidas en casos como este, conducentes a proteger el interés público y a evitar la consumación de daños irreparables a la sociedad y al sistema democrático.
Por tal razón, el 17 de abril pasado, las tres organizaciones que integran la Alianza por la Veeduría Electoral (el Instituto Anticorrupción, la Fundación Paz y Reconciliación, y Extituto), presentamos una acción popular en contra de Iván Duque, solicitándole al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que conmine al presidente a guardar silencio y no intervenir en lo que queda del ciclo electoral.
La decisión del Tribunal tendrá repercusiones significativas. Si niega nuestras pretensiones, le dará vía libre a este presidente para seguir interviniendo en política a su antojo, pero también a todos los que le siguen, para manipular el proceso electoral, incitando odios en contra de los candidatos que desprecian y amores a favor de los que gozan de sus afectos.
Si las acepta, trazará una línea roja sobre el tipo de cosas que un presidente en ejercicio puede decir en el marco de la esfera de debate público en pleno periodo electoral. De igual manera, reafirmará el papel de los jueces, como último muro de contención frente a los desatinos y excesos de quienes abusan de su poder. Y muy especialmente le recordará al país, y al presidente en ejercicio, que ni siquiera él pueda actuar por fuera de los límites estrictos de la Constitución y de la ley.
