Cuando la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez llegó a la Cancillería en mayo de 2021, puso como condición la salida de la viceministra de asuntos multilaterales Adriana Mejía. Ella, junto con la jefe de gabinete de Palacio, María Paula Correa, manejó el Ministerio de Relaciones Exteriores de espaldas a la ministra Claudia Blum durante la permanencia de esta en el cargo.
Marta Lucía Ramírez pretendía recuperar la toma de decisiones para la Cancillería. Pero, en julio, tan solo dos meses después de su nombramiento, el presidente decidió que la canciller no podría acompañarlo en los viajes (Decreto 835 de 27 de julio de 2021) y, en septiembre, le otorgó a María Paula Correa, funcionaria de confianza, facultades en el ámbito internacional (Decreto 1185 de 30 de septiembre de 2021). La Cancillería paralela, instalada en una oficina de Palacio, reposa sobre la designación de embajadores cercanos que reportan de manera directa a Correa. La canciller quedó al margen del centro de poder.
La vicepresidenta Ramírez forma parte de la línea dura de este gobierno conservador. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros amateurs de gabinete, conoce el funcionamiento del Estado y sabe leer las señales internacionales. Intentó restablecer la institucionalidad y fracasó.
Este pasado 11 de marzo, el presidente formalizó la investidura como embajador en Alemania de Felipe Buitrago, exministro de Cultura y coautor del cuadernillo sobre economía naranja. La candidata de Ramírez era Yadir Salazar, embajadora de carrera y actual encargada de negocios en Alemania. El nombre de Salazar no fue bien recibido porque ella mantuvo malas relaciones con Palacio, cuando trabajó como jefe de gabinete de Ramírez en la Vicepresidencia.
El aumento de la nómina estatal constituye una flagrante violación de la Ley de Garantías. El decreto que oficializa el nombramiento de Buitrago se basa en un concepto del Departamento de Función Pública, bajo la línea de mando del mismo presidente, que invoca la necesidad del jefe de Estado de dirigir las relaciones exteriores. Este documento, un Yo con Yo llevado a la máxima expresión para desafiar una ley de la nación, sugiere que las relaciones con Alemania estarían a punto de naufragar si Salazar permaneciera a cargo de la embajada unos meses más.
La ministra Ramírez entendió el peligro jurídico. Quizás por ello dejó que su viceministra de multilaterales María Carmelina Londoño firmara el decreto.
Londoño tampoco fue su primera candidata para el cargo. Para reemplazo de Mejía, Ramírez se fue a Palacio con un abanico de nombres de funcionarios de carrera, que fueron desechados. Luego, le ofreció el puesto a un profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario. El presidente rechazó la propuesta porque, al primer hermano de la nación, el señor Andrés Gregorio Duque, le pareció demasiado académico.
A Ramírez tampoco le pareció acertada la entrega de la Dirección de Protocolo de la Cancillería a Jorge Rafael Vélez, un joven sin experiencia. Se movilizó para impedirlo, argumentando la oposición manifiesta de la carrera diplomática. María Paula Correa está encargada de “coordinar con la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores la logística de los eventos, reuniones, viajes y desplazamientos del presidente” fuera del país. Y Correa volvió a ganar la partida. Faltaba más.
Le tocó a Ramírez aceptar una división del trabajo. Vélez se encargaría de todo lo presidencial y una funcionaria de carrera, del protocolo en lo que tiene que ver con Cancillería.
La ausencia de la canciller en los viajes presidenciales supera lo anecdótico. La práctica diplomática exige la conversación de pares con pares. El presidente se hace acompañar del viceministro Francisco Echeverri y, por lo tanto, resulta imposible gestionar reuniones entre cancilleres. Si se requieren reuniones bilaterales, es necesario que la canciller se desplace al mismo lugar antes o después que el presidente. Así sucedió con Corea, Bélgica, España y más.
No les fue posible a Iván Duque y María Paula Correa sacar a Ramírez del encuentro en Washington, D.C. porque con la diplomacia de Estados Unidos no se juega. La canciller mantiene un diálogo fluido con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Se requería su presencia y punto.
El caso de Emiratos Árabes Unidos refleja la puja reinante entre Cancillería y Palacio. La Cancillería de Colombia recibió una invitación para la vicepresidenta. Pero el presidente viajero quería repetir el periplo. Recordemos que él y su entorno visitaron este país en noviembre pasado. El 13 de marzo, el embajador Amín confirmó que el presidente Duque regresaría a Emiratos a fin de mes.
Así fue transmitido en comunicación oficial a este gobierno árabe, con un curioso mensaje. Este se podría resumir así: “La vicepresidenta no podrá asistir, pero le mandamos al presidente”. Se le informó a la Cancillería emiratí el interés de Duque en visitar empresas como Emiratos Airways. El 15 de marzo, Amín reportó un cambio de planes: viajaría la vicepresidenta. No nos sorprendamos si se da un nuevo giro. El gobierno de Emiratos se verá obligado a acoplarse a la improvisación de Colombia.
La derogación del decreto que permite la instauración de la Cancillería paralela constituye una de las primeras tareas del próximo presidente. A Ramírez se le hizo tarde para corregir semejante exabrupto de desinstitucionalización.
Queda una respuesta pendiente. Canciller, ¿por qué toleró usted tanto atropello?
Esta columna está construida con una docena de entrevistas de funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción y amigos personales de la canciller, que entregaron documentos escritos y relatos de conversaciones privadas. Consultado el viceministro, Francisco Echeverri, lo negó todo. Según él, las relaciones entre la canciller Marta Lucía Ramírez y el presidente Iván Duque pasan por un gran momento.
