El país atraviesa por una delicada coyuntura fiscal. Esta semana se hizo evidente que el tijeretazo en los gastos era ineludible. Ahora la discusión es si un recorte de 20 billones de pesos en el programa de gastos previsto para la vigencia de 2024 será suficiente para recobrar un mínimo de estabilidad en las finanzas públicas.
El Consejo de ministros reunido al comienzo de la semana aprobó un recorte por 20 billones de pesos; sin embargo, analistas como el Departamento de investigaciones económicas del Banco de Bogotá consideran que el recorte mínimo indispensable es el doble del que se aprobó en el Consejo de Ministros. Dice, en efecto, este Centro de Investigación: “No obstante, en lo corrido del año los ingresos nuevamente sorprendieron a la baja y, dado el poco margen de maniobra, los cálculos denotan que ya ahora se requiere un ajuste en el gasto de 48 billones de pesos, dada la dificultad de llevar a cabo dicha política, los mercados ya descuentan un recorte en la calificación crediticia del país”, indica el informe.
Las características de esta coyuntura fiscal son las siguientes: desplome de los recaudos, problema que obedece a varias causas: comportamiento débil de la economía; problemas de la Dian en los cálculos de ingresos; fallos de la Corte Constitucional.
De otro lado el ritmo del compromiso del gasto público venia marchando a todo vapor. Se ha ampliado la brecha preocupantemente: tenemos unos ingresos tributarios creciendo –en el mejor de los casos– a un 4 por ciento, mientras el compromiso de gastos para la vigencia actual viene incrementándose a un ritmo del 20 por ciento, con relación al primer semestre del 2023. Esta es la razón del tijeretazo.
Este bache estaba llevando a que (casi inexorablemente) se iba a incumplir con la regla fiscal en 2024.
Hay que recordar que la actual arquitectura de la regla fiscal (que gira en torno al concepto de la deuda pública y no del déficit) fue fijada por ley de la república. Por lo tanto, modificar esa arquitectura requiere ir al Congreso que es el único que puede cambiarla.
De todas maneras, cuando se habla de flexibilizar la regla fiscal lo que se está diciendo en otras palabras es que el nivel de deuda pública debe incrementarse; de ahí entre otras cosas la ley de ampliación del cupo de endeudamiento que en este momento se está tramitando.
De todas maneras, en 2024, estamos frente a un dilema muy delicado, que se puede resumir de la siguiente manera: como van las cosas no se alcanzará a flexibilizar la regla fiscal en el Congreso; pero esta va a ser imposible cumplirla: tanto el déficit fiscal como el nivel de endeudamiento están a topes con los límites señalados en la ley que reglamentó la regla fiscal.
Esa es la razón por la cual entidades como Fedesarrollo, Anif, y el mismo consejo autónomo de la regla fiscal (CARF) consideran que resulta ineludible recortar el gasto público previsto para 2024 en una cuantía de entre 15 y 20 billones de pesos. Ahora el Banco de Bogotá habla de 48 billones de pesos.
Esto no es nada fácil en un Gobierno que hasta el momento da señas de querer aumentar el gasto más que disminuirlo.
Se ha mencionado también por parte del Gobierno la posibilidad de una nueva reforma tributaria. Pero es muy difícil que esta reforma tributaria vea su día, puesto que el Congreso está tremendamente congestionado con las reformas que está tramitando; y la misma estructura de la reforma bosquejada no parece indicar que pudiera traducirse en mayores recaudos: rebaja de la tarifa de las sociedades del 35 al 30 por ciento y ampliación de la presión tributaria sobre personas naturales que ganen más de diez salarios mínimos mensuales.
Así las cosas, y si no hay alguna razón extraordinaria inesperada, parece que nos encaminamos hacia el incumplimiento de la regla fiscal en 2024.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo que es el documento fiscal más importante que se elabora en el país y que debe ser presentado a más tardar el próximo 15 de junio deberá hacer claridad cuantificada sobre esta grave encrucijada fiscal que está viviendo el país.
Por último: se había mencionado la posibilidad de flexibilizar un poco el sistema general de participaciones que ha resultado tremendamente gravoso para las entidades territoriales.
Al comenzar la Constitución de 1991 el situado fiscal representaba el 46 por ciento de los ingresos corrientes de la nación. Hoy el sistema general de participaciones escasamente llega al 20 por ciento de los ingresos corrientes de la nación.
Resulta muy improbable, sin embargo, ante la situación fiscal que se está viviendo, que el Gobierno concurra en ayuda de los departamentos y municipios teniendo, como se ha explicado, una situación fiscal tan comprometida a nivel de las rentas nacionales.
La situación fiscal del país es, pues, extremadamente delicada. Mucho más grave de lo que se había revelado hasta el momento. Como este año será imposible lograr del Congreso una flexibilización de la regla fiscal que permita mayores niveles de endeudamiento, los cuales están al tope, solo queda como camino en el segundo semestre de 2024 el de la reducción de gastos. Que tiene que ser sangrienta si se desea que efectivamente cumpla con su objetivo.
El Gobierno ya ha aceptado que la cuota inicial de este tijeretazo tiene que ser de 20 billones de pesos. Pero hay quienes (como la opinión que hemos citado al comienzo de este artículo) consideran que el recorte para se eficaz debe ser más del doble del anunciado.
