La tristeza que siento por lo que estamos viviendo en la Universidad Nacional es inconmensurable. La institucionalidad ha sido maltratada, y la crisis está dejando heridas profundas. He leído, visto y escuchado múltiples mentiras e información descontextualizada que tiene el único fin de imponer un rector y un modelo de universidad. No solo es doloroso, sino que desvía las verdaderas discusiones que deberían estar ocurriendo en la universidad: los retos y potencialidades de la ciencia y la investigación; las necesidades de innovación en la pedagogía y la formación de estudiantes; la calidad y pertinencia de la educación universitaria con una mirada global y no solo local; las causas de la deserción; el modelo de universidad y la modernización en la gestión; los mecanismos de financiación de la educación; la construcción de una visión de largo plazo que reconozca a la educación como el principal mecanismo para superar la inequidad, entre otras. Estas discusiones se han minimizado porque se decidió privilegiar la disputa por la rectoría, en un contexto de politización de la Universidad y de maltrato personal e institucional.
Dos hechos marcan mi reflexión de hoy. El primero, recuerdo que, en la sesión plenaria del Congreso de Colombia del 20 de julio de 2019, muchos nos escandalizamos por “la jugadita” de dos honorables congresistas que recurriendo a la milimetría procedimental impidieron que el presidente de la república escuchara a la oposición que estaba haciendo uso de su derecho a la réplica. Siempre me impresionó el término “jugadita” y, más aún, la audacia para despreciar el discurso de la oposición. Compartí la indignación de muchos de los que creemos que la política debe ser decente, y que su principal desafío debería ser la construcción de la confianza y la persuasión. Hoy, las “jugaditas” utilizadas para elegir rector en la Universidad Nacional son abundantes.
El segundo hecho se presentó hace diez años, cuando se expidió la Ley 1740 de 2014 que regula la inspección y vigilancia de la educación superior. Tuve la oportunidad de aplicarla siendo delegada del Ministerio de Educación en el consejo superior de una universidad privada. En aquellos momentos jamás pensé que esta norma se le pudiera aplicar a la Universidad Nacional. Me parecía que la Nacional estaba muy lejos de las causales que pudieran motivar una intervención por parte del Ministerio de Educación.
No soy abogada y les dejo a los juristas y al Consejo de Estado, la discusión sobre el cumplimiento de la ley y los procedimientos establecidos para la designación de rector. Sin embargo, creo con Platón que la ley es “la razón de la ciudad, así como la razón es el gobierno del hombre”. En este proceso ha hecho falta la razón y ha sobrado el activismo político. No ha habido altura académica. Se ha olvidado que en las universidades se debe privilegiar el mérito sobre el aplauso, las arengas y las vías de hecho.
En el proceso de designación del rector las reglas de juego siempre han sido claras. Los candidatos se habían comprometido a cumplirlas y los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) conocían su papel y competencia. Sin embargo, tanto el profesor Leopoldo Múnera como algunos de los miembros del Superior, no estuvieron a la altura de su responsabilidad, y ese comportamiento es el que nos tiene en esta lamentable situación. En distintos espacios previos, el profesor Múnera se comprometió a respetar la decisión tomada por el Superior. Sin embargo, cuando concluyó la sesión del CSU del 21 de marzo, llamó a la “desobediencia civil” y no reconoció la voluntad del Superior. Los otros tres candidatos aceptaron al profesor José Ismael Peña como rector designado. Mientras ellos cumplieron, el profesor Múnera no lo hizo. Además, las tres personas que representan al Gobierno nacional (incluida la señora ministra), después de participar activamente en todo el proceso, se negaron a aprobar el acta. Esta decisión no se entiende. Dos días antes tuvieron la oportunidad de conocer y entrevistar a los cinco candidatos (incluso les preguntaron su opinión sobre temas no relacionados directamente con la Universidad, como el llamado a una asamblea constituyente y la reforma a la salud). La ministra y las dos representantes del Gobierno, votaron y participaron activamente en la elección del rector.
Las “jugaditas” empezaron incluso antes del 21 de marzo, cuando se llevó a cabo la sesión del Consejo Superior Universitario para la designación de rector. Hubo entrevistas y reuniones previas, información mal intencionada, intimidaciones y amenazas. El escándalo y el fantasma de la corrupción fueron utilizados para dañar la Universidad y crear razones para una intervención por parte del Gobierno nacional.
Se ha conocido que la sesión del 21 de marzo inició con la decisión acordada entre los ocho miembros, de hacer una votación secreta ante las amenazas comprobadas contra algunos integrantes del CSU. Posteriormente, y cumpliendo con los procedimientos establecidos, se decidió la metodología que se utilizaría para la designación. El método, aprobado por mayoría, usó el voto ponderado. Este procedimiento ya se había utilizado en 2000, según consta en la respectiva acta del CSU. El procedimiento lo propuso el ministro de la época, Germán Bula Escobar, y fue designado como rector el profesor Víctor Manuel Moncayo. Y ahora, aunque la ministra había propuesto el método de votación directa, aceptó la votación e hizo aportes para su aplicación. La sesión se desarrolló con participación de los ocho miembros en todas las rondas de votación. Asumo que votaron después de una previa valoración de los resultados de la consulta a la comunidad académica. El Consejo designó como rector a José Ismael Peña, cumpliendo con toda la normatividad del proceso. De hecho, se expidió un comunicado por parte de la secretaria del CSU, anunciando la designación. La ministra aceptó que esto se hiciera. Minutos después, por exigencia del presidente Gustavo Petro (vía la red social X, antes Twitter), se rompe el acuerdo de mantener el voto secreto. De igual forma, no se cumplió con la obligación de firmar el acta (aprobada por mayoría calificada) y el acto administrativo. A partir de ese momento, las “jugaditas” se intensificaron. Enumero solo tres.
La primera y más clara fue la negación a aprobar el acta, sin una razón evidente y dilatando esta obligación. Sin embargo, el acto administrativo nació a la vida jurídica y cuenta con presunción de legalidad. Pretendieron que sin la firma del acta, no habría posesión del rector. De ahí el triste hecho de una posesión legal ante un notario de Bogotá.
Segunda, la elección del representante ante el CSU por parte del Consejo Nacional de Educación Superior - Cesu. El Ministerio de Educación logró que se escogiera al profesor Víctor Manuel Moncayo. El lobby del Gobierno fue intenso. Hay que recordar que meses antes, el profesor Moncayo quiso ser el representante de los exrectores en el mismo Consejo Superior. Al perder esta elección, buscó ganar la representación a través del Cesu. Su afán de formar parte del Superior se explica por su estrecha relación con el profesor Múnera. De hecho, el profesor Múnera fue su vicerrector de Sede. Desde siempre, el profesor Moncayo ha mostrado su simpatía por la candidatura del profesor Múnera. Como resultado de esta decisión del Cesu, la composición del Consejo Superior de la Nacional cambió de manera significativa. Los nuevos miembros son el profesor Moncayo y la representante de los estudiantes. La presidencia del Consejo esperó hasta que cambiara su composición para tener mayorías plenas (con el profesor Moncayo y la representante de los estudiantes) y de esta manera “tumbar” la decisión tomada el 21 de marzo.
Tercera, el desarrollo de la sesión del 6 de junio en la que se designa como rector al profesor Leopoldo Múnera, refleja el irrespeto a la autonomía universitaria y la trasgresión de la norma y los fallos judiciales vigentes. Los hechos que me llevan a hacer esta afirmación son:
- La Resolución No. 067 de 2024 (que no fue conocida previamente por los consejeros y se presentó para aprobación en la misma sesión), contiene en 18 páginas la argumentación por “medio de la cual se verifican y corrigen las irregularidades encontradas en la actuación administrativa para el nombramiento de rector que tuvo lugar en la sesión del 21 de marzo de 2024, y se dictan nuevas disposiciones para su designación para el período 2024-2027”. Es decir se construyó previamente, no se socializó y se tomó la decisión de designar rector, desconociendo que la Universidad ya lo tenía. ¿Una “jugadita”?
- El CSU designó el 21 de marzo como rector al profesor José Ismael Peña y había acto administrativo en firme. Tanto así, que el Consejo de Estado ya rechazó una medida cautelar urgente solicitada en la demanda de nulidad electoral contra el acto administrativo de elección. La demanda fue presentada por los profesores Leopoldo Múnera y Rodrigo Uprimny y el exconsejero de Estado, Alberto Yepes. En la demanda, el profesor Múnera reconoció expresamente que el acto administrativo se expidió. Si se considera que no hay acto administrativo, ¿por qué demandarlo? El hecho de que la ministra no haya firmado el acta de la sesión -que ella misma presidió- y el correspondiente acto administrativo, ¿invalida la decisión?
- Ante las manifiestas irregularidades, el representante de los exrectores, el representante profesoral y la profesora designada por el Consejo Académico; se retiraron de la sesión del 6 de junio. Los cinco miembros restantes, no discutieron las hojas de vida, ni valoraron las potencialidades de los cinco candidatos. En lugar de seguir este procedimiento, votaron de manera expedita, y en algo más de una hora, designaron al profesor Múnera como rector. No hubo mayor discusión. El acta y el correspondiente acto que permitió la posesión del profesor Múnera, solamente llevará la firma de cinco de los miembros del Consejo Superior. ¿Ahora por qué no importan las firmas de todos?
- Estas actuaciones desconocieron decisiones jurídicas importantes como: 1) el fallo de tutela del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, en el que expresa que hay presunción de legalidad del acto administrativo; 2) el hecho de que hay en curso cinco procesos electorales en el Consejo de Estado y, 3) los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación.
- Para finalizar, reconozco con tristeza el lamentable papel del viceministro de Educación Superior, profesor Alejandro Álvarez Gallego. Un hombre al que le que tengo gran aprecio y admiración por su vida académica. Fue rector de la Universidad Pedagógica Nacional. En su momento, no ganó la consulta universitaria y, sin embargo, fue designado como rector. En su caso defendió que el CSU lo nombrara sin haber ganado la consulta. Hoy opina todo lo contrario.
La designación y posesión del profesor Leopoldo Múnera como rector es contraria a la institucionalidad y es la demostración del éxito de las vías de hecho. Esta forma de actuar, por encima de los procedimientos establecidos y la normatividad, tiene efectos que espero sean corregidos por el Consejo de Estado. También espero que la decencia impere y que las “jugaditas” no tengan espacio ni en la Universidad Nacional de Colombia ni en nuestra sociedad. Lo correcto era esperar la decisión del Consejo de Estado. He leído con atención las entrevistas e intervenciones recientes del profesor Múnera. En una de ellas dice “Si el Consejo de Estado dice que mi nombramiento es ilegal, yo me retiro”. No es fácil creerle, porque en los debates previos a la designación de rector dijo que “respetaba las reglas de juego” y no lo hizo. Me niego a creer que estas “jugaditas” sean parte de la dinámica en la Universidad Nacional. ¡Pido que vuelva la decencia e impere la altura académica!
