La economía colombiana está al borde de caer en una recesión (definida como la reducción del PIB durante dos trimestres consecutivos). Los datos de mayo son alarmantes: en los cuatro sectores más importantes se registraron decrecimientos – construcción (9.4 %), comercio (5.3%), financiero (4.5%) y manufactura (3.2%).
Hay varias razones que explican este mal desempeño que producirá un mayor desempleo y un aumento del ya preocupante déficit fiscal (por menor recaudo tributario, como ya lo confirman las cifras más recientes). Pero quiero concentrarme en el motivo principal: la gran y creciente desconfianza en el futuro próximo de Colombia, debida al equivocado liderazgo del presidente Petro y su equipo de alto gobierno.
Para revertir esta peligrosa tendencia y poder así reanimar la inversión privada –nacional y extranjera, y el consumo de los hogares, es indispensable que cuanto antes el primer mandatario y su equipo ministerial (como lo dije en anterior columna, el gabinete también es responsable) tomen y ejecuten las siguientes decisiones:
- De una vez por todas aclarar que no se busca hacer una asamblea constituyente; o que si se va a intentar será por el camino previsto en la Constitución del 91, sin atajos, cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos establecidos.
- Diseñar y poner en marcha un plan sólido para sortear la grave situación y perspectivas de la prestación de los servicios de salud. En esa materia vital reina el caos y la confusión, poniendo en riesgo la vida de miles de colombianos y perjudicando la atención a millones de pacientes.
- En materia pensional, no es tanto lo que hay que hacer porque la reforma es aceptable salvo en un aspecto: el umbral debería bajar de 2.3 a 1, para lograr una reducción en su costo fiscal y aumentar su progresividad (al disminuir los subsidios a las pensiones altas).
- Recortar el gasto público lo necesario para poder cumplir con la regla fiscal. No hacerlo implicaría el alza en el costo de la financiación estatal por una rebaja en la calificación de riesgo de Colombia.
- Hacer una reforma tributaria (insólito pero toca hacer otra) que elimine beneficios tributarios a ciertos sectores privilegiados pero que rebaje la muy elevada tasa de impuesto a la renta de las empresas (una de las más altas del mundo), y amplíe la base tributaria (tarde o temprano ciudadanos de menores ingresos tendrán que aportar –poco pero algo– a sanear las finanzas públicas).
- Destrabar muchos proyectos enormes de infraestructura que están paralizados por trabas en sus licencias ambientales y sociales, y por otros obstáculos técnicos que se pueden resolver si hay voluntad política y capacidad gerencial en las entidades públicas involucradas.
- Implementar el Acuerdo de Paz de 2016. El presidente Petro lo prometió en campaña, pero en la práctica los avances han sido mínimos. Se necesita –como el propio mandatario admitió hace más de un año– que se designe una persona responsable con rango ministerial y mucho apoyo de sus colegas, para avanzar de forma acelerada en asuntos claves como la Reforma Rural Integral y la presencia estatal robusta en zonas críticas donde hoy impera la violencia y el abandono.
- Respetar la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución. Lo sucedido en la Universidad Nacional es inaceptable, ojalá las cortes impidan que se consolide ese nocivo atropello que puede extenderse a otros centros académicos.
- Por último, pero no menos importante, el primer mandatario tiene que dejar de satanizar al sector privado. E incluso ir un paso más allá –convertirlo en socio para cumplir con el propósito prioritario del momento: reactivar la economía.
