Basta recordar cómo llegó el excanciller Álvaro Leyva al proceso de paz con las Farc y el impacto que su aterrizaje tuvo en el resultado final del punto sobre justicia -que excluyó la cárcel como castigo por delitos graves para los exguerrilleros-, para deducir qué hay detrás de su particular idea de que el acuerdo final de paz permite convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
Detrás de esa idea estaría la vieja obsesión de Leyva de ser artífice y protagonista de la consecución de la paz en Colombia. Además, su empeño de mantenerse vigente en los círculos de poder, que conoce desde que era un niño.
Y lo ha logrado. Este político, abogado, exconcejal, exrepresentante, exsenador, exconstituyente y exministro, quien además fue secretario particular del presidente conservador Misael Pastrana, se mantiene vigente a sus 81 años.
La paz ha sido su marca personal desde hace décadas. Y esa persistencia en un tema central para el país fue la que le abrió un lugar en el gobierno de Gustavo Petro. Como canciller del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, Leyva incluso le modificó el nombre a la Cancillería. Le puso “Ministerio de Relaciones Exteriores y Paz”.
De alguna manera, Leyva estuvo en los distintos diálogos con las Farc: los de Belisario Betancur, en los 80; los de César Gaviria, en 1991, y los de Andrés Pastrana, entre 1999 y 2002. Y luego logró abrirse paso en la negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue la que terminó cerrando el conflicto armado de 52 años con esa exguerrilla.
Como pude documentarlo en el libro La Historia Secreta del Proceso de Paz, el entonces presidente Santos se resistió todo lo que pudo a que Leyva hiciera parte de los diálogos de La Habana. Así fue, hasta que las dificultades entre Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo con los negociadores de las Farc para llegar a un acuerdo sobre justicia, terminaron por abrirle al excanciller la puerta que le había cerrado el Gobierno. El mínimo de cárcel que según De la Calle y Jaramillo debían pagar los jefes guerrilleros, fue el corazón de esa tensión.
La resistencia con Leyva dentro del Gobierno tenía que ver, precisamente, con que estaban convencidos de que el exministro reforzaba en las Farc la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, hasta que fue inevitable su llegada al proceso de La Habana como parte del grupo de seis abogados que redactaron el acuerdo sobre justicia, Leyva ni siquiera había podido tener, a pesar de su insistencia, una cita con Santos.
Pero, entre tanto, el exministro había avanzado en conversaciones con la delegación de las Farc, a la que accedió a través del jefe negociador de esa guerrilla, Iván Márquez. El mismo Leyva me contó entonces que Márquez lo presentó como una de las personas que había hablado con Manuel Marulanda -el jefe histórico de las Farc-, más que cualquiera de la delegación de esa guerrilla en los diálogos. Y según Leyva, Marulanda sostenía que un proceso de paz con las Farc debía pasar por una Asamblea Nacional Constituyente.
La paz con las Farc se hizo sin constituyente. Por eso ahora no deja de ser curioso que, además de defender la idea de que el Acuerdo de Paz con esa exguerrilla permite convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el tercero de los tres puntos que el propio Gobierno Nacional plantea como objetivos de esa eventual convocatoria sea “establecer un sistema judicial basado en la verdad y en la reconciliación”.
Ese punto está muy asociado a las críticas que le hizo el excanciller Leyva a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al decir que no estaba cumpliendo el acuerdo de paz porque, por ejemplo, no aceptaba en esa justicia al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Así, según el excanciller, la JEP impedía que se conociera la verdad completa sobre los graves crímenes ocurridos durante el conflicto armado.
Fue después de esas críticas que los exjefes de las Farc comenzaron a manifestar su inconformismo con la JEP, sobre la base de que solo ellos estaban acudiendo a ese tribunal para contar la verdad, mientras que otros máximos responsables de los crímenes no estaban haciendo lo mismo.
Y fue también cuando comenzaron a mover la idea de un tribunal de cierre del conflicto, que debía surgir de un Acuerdo Político Nacional, y cuyo objetivo sería justamente el reconocimiento de responsabilidades de todos, para que fuera posible la reconciliación. Si esto no ocurría, no veían cómo podía llegarse a ese punto.
Planteaban que hacía falta la verdad de los máximos responsables del Estado, como altos mandos de las Fuerzas Militares, de partidos políticos, de políticos de manera individual, empresarios y, especialmente, el expresidente Álvaro Uribe.
Leyva, hijo del economista, abogado y político del Partido Conservador Jorge Leyva Urdaneta, cercanísimo a Laureano Gómez, ha dado muestras suficientes de su habilidad para mantenerse cerca del poder desde su condición de político, abogado y miembro distinguido de la elite bogotana. Primero como conservador y luego como un progresista en el tema de la paz.
También ha dado muestras de su ingenio para encontrar atajos legales para resolver problemas jurídico-políticos complejos –como el tipo de sanción que debían pagar los jefes de las Farc— en coyunturas nacionales especialmente álgidas, como la que vivía Colombia mientras se negociaba la paz en La Habana en medio de un debate atizado por el expresidente Uribe.
La interpretación de Leyva de que el concepto Acuerdo Político Nacional incluido en el Acuerdo de Paz con las Farc abre la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente es eso, una prueba más de su capacidad interpretativa y de su habilidad política para ser artífice y protagonista de la paz. Claro, también para mantenerse siempre vigente y cerca del poder. Cerca del príncipe, como el filósofo de la ciencia política moderna Nicolás Maquiavelo.
